En un hecho poco frecuente en la historia española, el rey se dirigió anoche a la nación. El motivo: la crisis institucional desatada por el referéndum soberanista catalán.

Con una alocución de unos pocos minutos, Felipe VI, que como monarca es el jefe de Estado español, sentenció de muerte una solución negociada al conflicto entre el poder central y una de las principales regiones autonómica del país.

“Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera determinada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución (…) demostrando una deslealtad inadmisible”, dijo con un tono apático.

“Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, sentenció, firmando un cheque en blanco al conservador Gobierno de Mariano Rajoy para que, cuando le plazca, active ante el Congreso el artículo 155 de la Carta magna que le permite intervenir el Govern catalán.

Recogiendo la retórica negacionista del presidente del Ejecutivo, el rey adjudicó a intereses políticos de los líderes separatistas lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses, descalificando por omisión a los cientos de miles de ciudadanos que, pacíficamente, han pedido año tras año la posibilidad de elegir el tipo de relación que desean tener con España.

Una obviedad: como jefe del Estado español, Felipe VI representa a todos los españoles, incluso a aquellos que ya no quieren serlo.

Pero su discurso los excluyó. Haciendo propia la bandera de Rajoy y su Partido Popular (PP) y, por consecuencia, extendiéndola al colectivo de ciudadanos que él representa, el rey delimitó su visión de la Nación española la cual, paradójicamente, coincide con la de los independentistas catalanes. España son todos aquellos ciudadanos que rechazan la autodeterminación de Cataluña.

Obvió, en el medio, a millones de personas que han exigido un diálogo, incluso para poder votar en contra de una separación. De hecho fue una palabra que eligió no mencionar.

Obvió a los 844 catalanes que sufrieron heridas por la represión de las fuerzas de seguridad del Estado –el suyo- el domingo cuando quisieron votar.

Obvió el pedido de partidos políticos de debatir una Constitución moderna y la forma de organización que debe tener el país.

La crisis por el referéndum catalán no comenzó el domingo, ni siquiera semanas atrás cuando el Tribunal Constitucional lo suspendió por inconstitucional y abrió el grifo para que fiscales y jueces intervinieran con fallos y efectivos policiales un acto electoral. Se cultivó durante años.

Es cierto que a esta situación explosiva se llegó por la insistencia del líder catalán, Carles Puigdemont, de negociar una independencia sin condiciones y por la negativa de Rajoy a siquiera entablar un diálogo.

El del rey fue un discurso que no estuvo a la altura de la historia. Un momento político que requiere empatía y concesiones, y no más confrontación.

Ayer, Felipe VI desechó la oportunidad de rectificar ese camino y otorgarle a España una opción de salida a la peor crisis institucional desde el retorno de la democracia. [El Teclado]

* Maricel Spini es periodista del diario Ámbito Financiero, especializada en temas internacionales.