domingo 25 de febrero de 2018 - Edición Nº306
El Teclado » La provincia » 17 dic 2017

ENTREVISTA

María Isabel Reinoso: "La cercanía de Farmacity con el gobierno le da total impunidad"

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos habló con El Teclado sobre los intentos de la empresa Farmacity para instalarse en territorio bonaerense. La oscura trama que involucra al vicejefe de Gabinete nacional y mantiene callados a muchos legisladores de la provincia.


La ley 10.606, sancionada en el año 1987 por la Legislatura bonaerense, fue modificada y mejorada a través de los años. En 2003, por ejemplo, se planteó la instalación de una farmacia por cada 3.000 habitantes, con el objetivo de fomentar la descentralización y un mejor acceso a la salud para todos los bonaerenses. Actualmente hay 4.500 farmacias en todo el territorio de la provincia, y se siguen instalando.

En su artículo 14, la ley advierte que las farmacias solo pueden ser habilitadas en tanto sean propiedad de farmacéuticos con título habilitante, de sociedades colectivas integradas por farmacéuticos, de sociedades de comandita simple integradas por al menos un farmacéutico, de establecimientos hospitalarios públicos o de obras sociales que mantengan en la dirección técnica a un farmacéutico. 

Según María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, esto responde a una visión "netamente sanitaria". Pero el grupo Pegasus S.A. prefiere diversificar: maneja las empresas Farmacity S.A. -que a su vez tiene derivados como Farmacity Home, Farmacity Look y Simplicity-, Pampa Cheese, heladerías Freddo y la inmobiliaria Desarrollos Caballito S.A., entre otras. Se trata de un fondo de inversión cuyos inversionistas, en la gran mayoría de los casos, ni si quiera se conocen entre sí. 

Su fundador, Mario Quintana, es actual vicejefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri. El 8 de diciembre de 2015, dos días antes de asumir, Quintana renunció a la presidencia de Farmacity y al directorio de grupo Pegasus. Pero le quedaron cosas pendientes.

En el año 2012 había iniciado, como responsable de la cadena de farmacias, un juicio a la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de instalar una sucursal en la localidad de Pilar. A sabiendas de que la ley bonaerense no permite que una sociedad anónima expida medicamentos -sino que delega en el farmacéutico la responsabilidad del dispenso y servicio al público-, la empresa siguió litigando hasta el día de hoy.

Primero se topó con la negativa del ministerio de Salud. Después con la de la jueza María Ventura Martínez, del Contencioso Administrativo N° 2, y la cámara de apelaciones. En la Suprema Corte los seis ministros fallaron de modo unánime por la negativa. Desde la empresa quisieron entonces apelar a Nación, algo que la Corte bonaerense rechazó argumentando que en materia de salud y del ejercicio de las profesiones, la competencia es local. 

Este año Farmacity jugó su última carta con un recurso de queja. Y para la sorpresa de todos, a fines de agosto la Corte Suprema de la Nación pidió las actuaciones del expediente. Ahora espera resolución en Talcahuano al 550, donde el Colegio de Farmacéuticos se plantó con un “farmamóvil”.

Reinoso recibió a El Teclado en el Colegio de Farmacéuticos, ubicado justo enfrente de la Gobernación, y brindó detalles del conflicto que tiene al sector en alerta permanente.

[ET] ¿Cuál es el rol del Colegio en este litigio?

Como el juicio se lo hacen a la provincia de Buenos Aires, quien interviene es el fiscal de Estado Hernán Gómez, con elementos contundentes. En su inicio el Colegio fue convocado como tercero en la causa, por eso tenemos acceso al expediente. Hicimos presentaciones tomando lo que sucede en otros países donde se desreguló este tema y se puso al mercado por encima de la salud de la gente, y las consecuencias que eso trae para el acceso al medicamento. 

Chile por ejemplo está dominado por tres cadenas, que han sido denunciadas por corrupción y que se ponen de acuerdo para levantar los precios. Hoy por hoy está viniendo gente de Chile a Mendoza para comprar medicamentos. En ningún caso, cuando se deja al libre mercado el tema de la salud, es para beneficio del paciente. 

Y claramente la ley provincial del ejercicio de las farmacias ha sido tomada como ejemplo en otras provincias; es el caso de Entre Ríos, Río Negro, Tucumán. Hoy en día podemos decir que este juicio tiene una connotación política importante porque fue iniciado por Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, fundador del grupo Pegasus.

Él inicia el juicio patrocinado por el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, fundado por el actual ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz. Se puede ver en las primeras fojas del expediente el poder que le hace Quintana al estudio y sus abogados.

Cuando se planteó que este caso pasaba a la Corte tuvimos que pedir la recusación de Rosenkrantz, porque tiene una clara ligazón directa. Él se excusó, y hace un mes se excusó el juez Horacio Rosatti. Él también fue designado últimamente por el gobierno de Mauricio Macri y tiene una relación directa con Mario Quintana, algo que ya ha salido en los medios. Con su retiro los ministros intervinientes son Ricardo LorenzettiElena Highton de Nolasco Juan Carlos Maqueda. Para que fallen tiene que haber un fallo unánime, tres de cinco, o podrían necesitar de conjueces. Uno de los requisitos formales es que se le pide informe a la Procuración. Estamos esperando eso.

Por otro lado se ha presentado la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires  como amicus cureae. Fue público lo que el defensor Guido Lorenzino manifestó, que no está de acuerdo con que se traccione una ley a la medida de Farmacity. Cuestionó el artículo 14 -que establece quién puede ser titular o propietario de una farmacia- y el artículo 3, que habla sobre la distribución racional de las farmacias.

[ET] ¿Por qué es necesaria una distribución racional de las farmacias?

Eso tiene un objetivo sanitario: que no se ubiquen todas donde es comercialmente rentable, sino que se ubiquen donde está la gente. El parámetro de la densidad -1 cada 3 mil habitantes- lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). La provincia tiene 107 mil km2 y si la gente no tuviese farmacias cerca tendría que hacer kilómetros para comprar; eso es un gasto de bolsillo que a veces supera el mismo precio del medicamento. 

Hoy en día no tenemos problemas de servicio en la provincia, de hecho en algunos lugares se siguen instalando farmacias porque va en función de la densidad poblacional.  Luego del censo del 2010 se instalaron en el interior muchas farmacias, nosotros desde el Colegio ayudamos a los farmacéuticos para que se instalen en pueblos pequeños. Porque en realidad no hay ningún subsidio del Estado para esto. Una farmacia en un pueblo de 500 habitantes debería por ejemplo ser subsidiada en los impuestos, porque está dando un servicio esencial. Y sin embargo todos pagamos impuestos, no tenemos ninguna bonificación en la parte impositiva. Y hay lugares con 500, 600 o 700 habitantes donde no tienen agua corriente o cloacas pero sí tienen farmacia. Desde el Colegio ayudamos para que ese farmacéutico/a se instale porque es una necesidad sanitaria. 

Se les da adelantos de obras sociales, porque una vez instalada la farmacia tienen que atender, sobre todo, jubilados. Hay 2 millones y medio de jubilados en la provincia, una franja etaria que necesita mucha atención y medicación. Para eso el colegio procura un adelanto como para que la farmacia pueda dar servicio y financiar,  porque las obras sociales te pagan como muy temprano a los dos meses. 

Farmacity si quisiera podría instalarse pero tendría que cumplir, entre otras cosas, esta cuestión de la ubicación; no instalarse solo donde les es rentable. Pero en 700 fojas de expediente todos sus argumentos son comerciales, en cambio la Fiscalía de Estado y el Colegio establecemos argumentos de carácter sanitario, porque la realidad es que el servicio es para beneficio del paciente.  

[ET] El diputado Bonelli presentó un proyecto para ratificar el artículo 14 de la ley de Farmacias, pero no logró apoyo en la Legislatura. ¿A qué se debe? ¿Tienen expectativas de que se apruebe?

La verdad es que nos sorprendieron algunos diputados que se habían comprometido con sus farmacéuticos de pueblos diciendo que iban a apoyar ese día, y luego usaron el artilugio de mandarlo a comisión. Nosotros acá no estamos pidiendo que tomen una posición con respecto al juicio, pero desde que se sancionó la ley durante la gobernación de Alejandro Armendáriz, todos los gobernadores que siguieron la ratificaron. Porque no estamos hablando de una mercancía común, la Constitución misma dice que el medicamento es un bien social. No nosotros.

Hoy el oficialismo no toma una posición clara sobre qué modelo de salud quiere. Es la primera vez en tantos años que se pone por encima al mercado, o será que quien lo está impulsando tiene un lugar en el gobierno. Para nosotros fue una decepción que algunos diputados que siempre han tenido una posición clara a favor de la salud pública, ahora no puedan o no quieran o no los dejen opinar. Muchos farmacéuticos del interior quedaron sorprendidos. Los diputados prometieron que iban a acompañar y ese día decidieron que no, para mandarlo a comisión. La realidad es que eso es para frizarlo. 

El proyecto de Bonelli tiene argumentos de orden sanitario y fue acompañado por el diputado Avelino Zurro, que ya había establecido el año pasado un proyecto de declaración. El GEN de Margarita Stolbizer con Marcelo Díaz también fue muy claro. Vemos que existe una injerencia del Ejecutivo nacional sobre la Legislatura, el poder judicial... Después le tenemos que explicar a nuestros hijos sobre la independencia de poderes.

[ET] Vidal todavía no sentó posición sobre este tema.

Bueno, nosotros pedimos reunión con ella a fines de agosto. Está acá enfrente del Colegio. No nos atendió, reiteramos el pedido de forma telefónica día por medio y en forma escrita. Porque la realidad es que los farmacéuticos tenemos el derecho de saber cuál es el modelo de servicio que se quiere para la provincia de Buenos Aires. Más allá de que lo podamos compartir o no, no lo conocemos. Porque la gobernadora nunca nos atendió. 

Sí hemos hablando con el ministro de Salud Andrés Scarsi, pero acá el juicio se lo hacen a la Provincia. El fiscal de Estado defiende al Ejecutivo y la Fiscalía ya ha escrito la posición de la Provincia... Entre otras cosas plantea que es indivisible el ejercicio de la profesión con la propiedad, porque está la responsabilidad social y el rol del farmacéutico en el medio. Es totalmente diferente a una persona que aporta dinero para hacer un negocio a alguien que estudió una carrera universitaria y ejerce, así como los médicos, bioquímicos, odontólogos; el resto de los profesionales de la salud tienen en juego su título profesional en el ejercicio y ponen en desarrollo lo que han estudiado. Obviamente vivimos de nuestra profesión, pero no somos empresarios que si no es rentable no nos instalamos, o nos vamos del país, o vendemos.  

[ET] ¿Por qué en la CABA sí se permiten los locales de Farmacity?

Fue por el decreto desregulatorio de Cavallo, porque antes Capital tenía una ley parecida a la nuestra. También desreguló Córdoba y hay algunas provincias donde tienen pocos locales instalados porque desregularon y volvieron a regular, es el caso de Entre Ríos. Ahí Farmacity está en Paraná y Gualeguaychú. Ahí puede verse que la desregulación de 1990 no ayudó para nada, porque en 2008 vieron la necesidad de volver a regular. Obviamente el gobierno de Entre Ríos prefiere este modelo porque garantiza el acceso al medicamento con un precio acorde. Si vos lo dejás en manos de una empresa o pocas empresas ya se sabe cómo termina.

Acá en la provincia está diversificado en un montón de manos, lo cual impide la concentración. Farmacity es un grupo económico que ya se devoró toda Capital Federal: tiene más de 200 locales, la mayoría en CABA y ya ponen una enfrente de la otra. 

Después hay otra cuestión que no compartimos: nosotros no estudiamos para vender papas fritas ni golosinas, y ellos venden de todo. Todo lo que fabrican las empresas que tiene grupo Pegasus se venden en Farmacity como una manera de obtener rentabilidad. Primero te venden las papas fritas y después pretenden vender un medicamento para el colesterol. Para nosotros es antagónico. Dulces, grasas, todo lo no saludable uno lo encuentra mezclado con medicamentos. 

[ET] ¿Se les disparó una señal de alerta con la instalación del Simplicity en La Plata y otras localidades?

Sí, Simplicity entra cuando comienza el juicio en 2012. Quizás tenían la idea de que les iba a salir bien el juicio. Pusieron el primero en Morón, el segundo acá en La Plata y ahora tienen 36 en toda la provincia. O sea, no es que no pueden entrar a la provincia, como dicen. Es más, los tickets de Simplicity tienen el logo de Farmacity porque la figura jurídica es FarCity S.A: con Farmacity, Simplicity y Farmacity Look con belleza y cosmética. 

Nunca hemos visto una empresa que haga lo que quiera sin tener en cuenta la autoridad sanitaria. Será porque su cercanía con el gobierno le da total impunidad. Cualquier farmacéutico que haga lo que hace Farmacity en CABA es sancionado. Bueno, ellos judicializan, apelan, etcétera. La Confederación farmacéutica inició una denuncia penal contra un funcionario del ministerio de Salud de la Nación porque tenía 148 expedientes con infracciones de Farmacity y estaban todos en reserva. 

Las causas venían para un lado y desde que asumió Quintana como vicejefe de Gabinete, o se pararon o van para el otro lado. Es tan burdo lo que están haciendo que da una impotencia grande. Los farmacéuticos tratan de cumplir con las leyes sanitarias, quien no cumple es sancionado y obviamente tiene que corregir. Acá ni son sancionados ni corrigen, todo lo que son alimentos lo habían sacado y desde que asumió el gobierno volvieron a vender de todo. Tienen amparo, protección e impunidad para hacer lo que quieran. 

Creemos que si entran a la provincia no solo van a incumplir los artículos 3 y 14 de la ley, que todas las demás farmacias cumplen, sino que va a incumplir un montón de artículos más. Es algo que nos preocupa porque nunca hemos visto que un grupo empresario, como propiedad privada, tenga semejante control sobre la fiscalización. [El Teclado] 

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