lunes 19 de noviembre de 2018 - Edición Nº573
El Teclado » Judiciales » 28 jun 2018

[JURY DE ENJUICIAMIENTO]

Arias denuncia que el jury en su contra "no tiene sustento" y habla de "intencionalidades políticas"

El magistrado enfrentará un juicio político por varias causas en la que se expidió el próximo 2 de agosto. Denuncia disciplinamiento y persecución política. Tarifazo, desalojos y asistencia en salud como motivos del juicio


Por:
Virginia Ilariucci

El próximo 2 de agosto se dará inicio al juicio político al juez Luis Federico Arias, titular del juzgado en lo contencioso administrativo n° 1 de La Plata, hoy suspendido en sus funciones hasta que se resuelva la situación. Esta mañana en conferencia de prensa, acompañado por sus abogados Analía Elíades y Marcelo Ponce Nuñez, el magistrado explicó cuales son las causas por las que será juzgado y denunció que se trata de una forma de disciplinamiento hacia los funcionarios judiciales que atienden reclamos que van en contra de las políticas gubernamentales.

El juez sostuvo que el proceso persigue evitar que siga fallando en contra del gobierno de María Eugenia Vidal. “Evidentemente no tienen causales de jury, por eso han inventado estas cosas. Creo que hay una intencionalidad política, las verdaderas razones por las que estoy siendo juzgado tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que no les abrieron paritarias, que les hicieron descuentos por los días de paro, que les establecieron una conciliación obligatoria ilícita, todos conflictos en los que tratamos de ponerle un límite al poder ejecutivo que avasallaba estos derechos de los trabajadores”, enumeró Arias como los motivos en su contra.

Además destacó su intervención en la cuestión tarifaria y los intereses económicos que molestó haciendo lugar a las medidas cautelares que suspendieron los aumentos afectando millones de pesos en ganancias para las empresas. “Cuando el poder político y el poder económico entran de la mano a la Casa de Gobierno, las instituciones salen por la ventana. Es justamente la política quien tiene que poner un límite a las ambiciones empresarias. Cuando un juez intenta hacerlo ambos poderes se vienen en su contra”, dijo el magistrado.

“Al comienzo éramos 50 jueces los que dispusimos la suspensión del aumento de tarifas. Hoy no hay ninguno. En este contexto de disciplinamiento dejarle a un juez una demanda para que suspenda tarifas es dejarle una bomba con la mecha encendida”, reflexionó en relación a cómo la política condiciona el accionar de la justicia por temor a represalias.

También criticó el funcionamiento de los jurados de enjuiciamiento, reclamando que se ajusten a los estándares internacionales y respetar las pautas establecidas para este tipo de mecanismos. Denunció que no se puede juzgar por el contenido de las sentencias y reclamó que se democratice el sistema, dándole más participación popular y que no quede todo en un círculo de intereses políticos como es hoy en la designación de los jurados, la designación y el control de los jueces. En ese sentido se expresó a favor de la creación de observatorios integrados por organizaciones sociales que monitoreen la designación y el desempeño de los magistrados y participación social en la remoción por mal desempeño, para que no quede todo circunscripto a acuerdos corporativos y políticos.

El jurado estará presidido por el presidente de la Corte, Julio Pettigiani, y estará integrado por 10 conjueces que son cinco abogados legisladores (diputados y senadores provinciales) y cinco abogados de la matrícula de distintos Colegios de abogados bonaerenses en ejercicio de la profesión desde hace más de 10 años y tener entre 30 y 70 años.

Los legisladores son: el senador Roberto Costa y el diputado Walter Caruso de Cambiemos; los diputados Jorge Donofrio y Pablo Garate del Frente Renovador, y el diputado Santiago Révora de Unidad Ciudadana. Estos legisladores fueron seleccionados por sorteo. Los abogados de la matrícula son Fabián González de Morón, Diego Moleo de Lomas de Zamora, Osvaldo Pisani de San Isidro, Ambrosio Bottarini de Pergamino y José Alberto Apaz de San Martín.

En relación a las acusaciones en su contra de teñir de política sus sentencias, tras la aparición de su firma, en marzo de 2017, en una Solicitada a Favor de la Democracia que fuera suscripta por dirigentes políticos, organizaciones gremiales y civiles, artistas, científicos, deportistas e intelectuales, Arias replicó: “Todos los fallos son políticos. Somos partes de un poder del Estado que aplicamos una Constitución que es política, leyes son sancionadas por políticos, ¿como no van a ser políticas las decisiones de los jueces?, se preguntó y a continuación agregó que “nosotros tenemos nuestra visión política de la realidad y a partir de ahí interpretamos el derecho. Mi visión es la de la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Todas las relaciones jurídicas y humanas son relaciones de poder. Yo adopto la posición de tratar de igualar las asimetrías o compensar los desbalances en las relaciones de poder”.

[Las causas]

Tres de las denuncias tienen que ver con su actuación durante la inundación de La Plata en 2013. Una fue motorizada por el juez Guillermo Atencio que le reprocha su intromisión en causas en las que no tenía competencia, y las otras por el fiscal Jorge Paolini que le cuestiona la participación de María Soledad Escobar, quien actuó como Amicus Curiae pero que para el fiscal era una “empleada meritoria”. La intervención de Arias tuvo que ver con determinar el número real de personas fallecidas a causa de la inundación.

Luego hay seis denuncias efectuadas por los jueces Fernando Mateos y Pablo Raele, el procurador Julio Conte Grand y la misma Hilda Kogan, mientras se desempeñaba como presidenta de la Suprema Corte de la provincia. Estos expedientes están relacionados con las órdenes emitidas por Arias a fin de frenar desalojos masivos de personas en distintos barrios periféricos de la región, en resguardo de la seguridad de los ciudadanos y en protección de los derechos de los niños y niñas de esas familias.

Por último, hay una denuncia radicada por Conte Grand cuestionando la competencia de Arias en la orden que emitió para que un hombre privado de su libertad con serios problemas de salud, con riesgo de vida, fuera atendido en un hospital para evitar su deceso. “Para el procurador es más importante la competencia que la vida de una persona. En realidad allí hubo una competencia superpuesta, ya que nosotros tenemos competencia en las obligaciones que el estado tiene en relación a ese interno”, disparó Arias.

Y cerró la conferencia diciendo “Yo tomo posición frente a los problemas sociales, porque considero que hay que ser comprometido. No hay peor cosa que la complicidad de los que silencian. Si alguien ve que hay abusos en el poder político hay que tomar posición frente a eso. Callarse es ser cómplice de esa situación”. [El Teclado]

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