miércoles 21 de noviembre de 2018 - Edición Nº575
El Teclado » El país » 4 jul 2018

CONGRESO

Se sancionó la ley Brisa, una reparación económica a hijos de víctimas de femicidio

Luego de conseguir 203 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó hoy por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.


Por:
Redacción

Luego de conseguir 203 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó hoy por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La diputada Alejandra Martínez (UCR) fue la encargada de explicar los alcances del proyecto. “El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado”, dijo.

“Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro’”, narró Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Brisa tiene 5 años y su padre está condenado por haber matado a su madre en 2014. Vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos. Su dolorosa historia fue tomada por la asociación civil La Casa el Encuentro para reclamar e impulsar la ley aprobada hoy.

“Estamos aquí con esta posibilidad de dar respuesta, con una reparación económica fundamental ante el desamparo de la víctima. Hemos decidido dar una lucha contra la violencia de género y hacernos cargo como estado de lo que esa violencia genera”, dijo la diputada Martínez.

En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez (FPV-PJ) recordó que “no hay ámbito privado en la violencia de género. No siempre la justicia actúa como tiene que actuar en estos casos”.

“Hoy es un día muy especial, porque estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja a todos los que están en ese mismo lugar. En la prevención no podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con esta pensión”, alegó la diputada.

Desde el bloque Justicialista, María Carolina Moisés sostuvo que se trata de un “una reparación de parte del Estado, que no llega a prevenir estas situaciones. Esto no es un beneficio social, son políticas que parten del dolor de la gente”.

“Tenemos que fortalecer el rol del Estado y que sea más presente en beneficio de los más vulnerables”, añadió.

Igualmente, la diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, evidenció que esta “ley no resuelve el problema de fondo, tiene cosas que se podrían haber mejorado”.

“Cuando un niño pierde a su mamá de manos de un femicida, no hay retorno, y no hay reparación económica que alcance. Por eso esta ley viene a poner el foco en las víctimas colaterales de los femicidios. Y tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género”, resumió Moreau.

El proyecto propone que se cree un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.

Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.

La reparación económica establecida en la presente ley debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y se la considera de atención integral compatible con las asignaciones familiares.

Además, dispone la cobertura integral de salud la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo. [El Teclado]

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