Organismos de derechos humanos se reunieron con ministros de la Suprema Corte de Buenos Aires el pasado 11 de julio en una audiencia de seguimiento del expediente iniciado por las condiciones de detención en la Provincia y solicitar que se tomen las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal provincial.

El gobierno de María Eugenia Vidal aceptó que la sobrepoblación de su sistema penitenciario es crítica. En un informe presentado ante el máximo tribunal, afirmó que tiene 10 mil personas por encima del cupo que el mismo Poder Ejecutivo estableció, sin contar a quienes están alojados en comisarías. Sin embargo, y aunque los jueces lo solicitaron, no presentó ningún plan para resolver la crisis. Esta actitud de incumplimiento se viene reiterando en distintas instancias en las que jueces provinciales tomaron medidas orientadas a proteger a las y los detenidos.

[En la imagen: Penal de Sierra Chica - Foto: Comisión por la Memoria]

Las decisiones de política criminal de las autoridades de la provincia de Buenos Aires agravaron una situación que ya era crítica y que está produciendo un récord histórico de sobrepoblación y hacinamiento.

Entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100 mil habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías. Una de las consecuencias de este crecimiento es la cantidad de personas alojadas en las comisarías, que se duplicó entre diciembre de 2015 y julio de 2018.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia reconocen que los camastros disponibles en cada comisaría están ocupados y que hay un 246% de sobreocupación. A esto último se suma que del informe presentado por el Poder Ejecutivo se desprende que el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios, lo que significa que se encuentran latentes las condiciones de posibilidad para que hechos como la masacre de Pergamino vuelvan a ocurrir.

A la sobrepoblación y el hacinamiento crecientes se suman la persistencia de la tortura y los malos tratos y las pésimas condiciones de salud que caracterizan a las cárceles de la provincia.

La CPM, la Defensoría de Casación y el CELS son peticionarios de las medidas cautelares dictadas en 2012 y 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron que se resguarde la vida e integridad física de las personas detenidas en las cárceles y comisarías bonaerenses. Además, en los últimos dos años, tanto la CIDH como el Relator contra la tortura y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señalaron la crisis humanitaria que atraviesa la provincia. Pese a estas intervenciones de organismos del sistema interamericano y universal, el gobierno de la provincia no solo no reduce la cantidad de detenidos sino que toma decisiones que la aumentarán, como la de proponer una reforma regresiva del Código Procesal Penal.

INFORME 2017 SOBRE LOS LUGARES DE ENCIERRO Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD: 

El sistema de la crueldad 2017 elaborado por la CPM by El Teclado [www.elteclado.com.ar] on Scribd

[El Teclado]