19 Abr 2024 - Edición Nº2551
La Plata, Bs As
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La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires habilitó ayer los juicios políticos al camarista platense Martín Ordoqui y al juez Luis Carzoglio de Lomas de Zamora.
En el caso de Ordoqui, quien está suspendido en sus funciones en la sala V de la Cámara de Casación Penal platense, es por estar imputado del delito de “tráfico de influencias” en relación a otorgar beneficios procesales a cambio de dinero en dos causas del fuero penal platense.
El magistrado está acusado de “tráfico de influencias”, en un desprendimiento de la investigación que lleva adelante desde hace cuatro años de la mega banda criminal que operó en La Plata desde 2008 hasta el momento en que fue desarticulada en agosto de este año, integrada por delincuentes, policías y funcionarios judiciales, entre ellos el ex juez César Melazo que se encuentra detenido con prisión preventiva. Además, se le sumó su participación en una banda que realizaba estafas inmobiliarias en la localidad de San Vicente. El camarista habría otorgado beneficios procesales a uno de los detenidos en el desfalco.
El visto bueno para el comienzo del proceso se dio con los votos de los legisladores de cambiemos Marcelo Dileo, Guillermo Castello y Sandra París, junto a los cinco conjuecces que son abogados de la matrícula de los Colegios de bogados de la provincia de Buenos Aires Alicia Cristina Racig; Aníbal Juan Mathis; Fulvio German Santarelli y Ricardo Arturo Fabris, todos de San Isidro, y Juan Emilio Spinelli, de Necochea.
En tanto quienes votaron en disidencia fueron Sergio Berni y Mariano Pinedo, ambos de Unidad Ciudadana.
Por otra parte, el jury contra el juez Luis Carzoglio parte de una denuncia realizada por el procurador Julio Conte Grand, luego de las declaraciones periodísticas que hiciera el magistrado al negarse a ordenar la prisión preventiva al sindicalista Pablo Moyano.
La controversia de Carzoglio se dio cuando negó el pedido del fiscal Sebastián Scalera para dar curso a la prisión preventiva al sindicalista de Camioneros, que está imputado de presunta malversación de fondos en el club Independiente junto a supuestos negocios ilícitos de la barrabrava. El conflicto se profundizó días atrás cuando Carzoglio reveló que dos funcionarios de la Agencia Federal de Informaciones (AFI) visitaron su juzgado para manifestarle el “interés” del presidente Mauricio Macri por la causa contra la familia Moyano.
La acusación impulsada por Conte Grand no es por su actuación en la causa Moyano, sino por mal desempeño en las funciones en otros procesos. Entre ellos, por haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas conexas, así como también de haber resuelto beneficios a presos en expedientes de otros jueces. También por su intervención en un acto eleccionario del Colegio de Abogados de su distrito y por su intervención como intermediario entre imputados con salidas laborales y empresas privadas.
En ningún caso la imputación es por la comisión de delitos penales, sino por resoluciones dictadas en cumplimiento de sus funciones.
Aquí, nuevamente la aprobación surgió del voto de los legisladores oficialistas Sandra París , Guillermo Castello y Marcelo Pacífico, y de los conjueces Juan Emilio Spinelli, de Necochea, los platenses Jorge Martínez y Graciela Amione, Jorge Álvarez, de San Martín y Pedro Arbini Trujillo, de San Isidro.
Mientras que Jorge D’Onofrio y Pablo Garate, ambos del Frente Renovador, votaron en disidencia por considerar que existe una “persecución” política en contra del magistrado. [El Teclado]
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