El anuncio no es una novedad. Ya en octubre de 2016, luego del desplazamiento de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, la mismísima gobernadora María Eugenia Vidal anunció la creación de un nuevo estatuto del SPB que apunta a generar un cambio cultural en los 25 mil agentes penitenciarios.

Hoy, el ministro de Justicia ratificó que el proyecto –que reemplaza el de 1980- será enviado a la Legislatura.

En el marco de la presentación del Registro de Violencia Institucional del ministerio Público, Gustavo Ferrari detalló que a partir de la semana que viene “se inicia un nuevo proceso de cambio cultural”, que presupone en principio, la realización de un examen exhaustivo sobre los antecedentes vinculados a la violación de los derechos humanos, y con materias específicas que tiene que ver con la decisión política bajada desde la Gobernación, “de trabajar contra la violencia institucional”. Además de una modificación en las cursadas de los ingresantes.

“Son 25 mil los agentes penitenciarios que necesitan un cambio cultural”, detalló el jefe de la cartera, y explicó que se implementará un trabajo con psicólogos y terapeutas, en lo que será una prueba piloto. “Nadie ha sido formado para la asistencia y el tratamiento. En la mayoría ha sido solo para el control”.

EN NÚMEROS

El servicio penitenciario bonaerense tiene más del 50 por ciento de las personas detenidas en el país. Son 36.597 los internos que diseminados en los 55 establecimientos de la provincia.

De acuerdo a lo señalado por Ferrari, la separación del área de Asuntos Internos del control de la fuerza para pasar a ser ejercido por civiles del ámbito del ministerio generó un impacto en las decisiones que se tomaron:

- 31 casos de destitución en la plana mayor por violencia institucional;

- 45 casos de suspensiones y sanciones por conductas desaprensivas internas en a la custodia de internos;

- 154 pases a disponibilidad;

- 25 penitenciarios detenidos, en muchos casos como torturas seguidas de muertes, venta de droga en los penales

Además, por primera vez en la historia del Servicio Penitenciario se envió la nómina del personal al registro de reincidencias, y como resultado del informe recibido se iniciaron 52 causas por personas que tenían condenas penales y que estaban en actividad en el SPB.

Además, se encontraron 67 casos de penitenciarios con procesos penales en trámite; 61 ya con la elevación a juicio oral requerida, y 215 casos de penitenciarios cuyos procesos estaban sometidos a prueba.

De allí se iniciaron 550 investigaciones, de las cuales 70 son casos de violencia institucional -la mayoría apremios ilegales-. Muchas de ellas nunca habían sido notificadas porque los sumarios fueron, según Ferrari, “cajoneados”, [ET]