viernes 23 de octubre de 2020 - Edición Nº1277
El Teclado » Derechos Humanos » 22 sep 2020

DERECHOS HUMANOS

Anularon el procesamiento del fiscal Fernández Garello, imputado por crímenes de lesa humanidad

Fabián Fernández Garello está imputado por crímenes de lesa humanidad pero se sigue desempeñando como fiscal. La semana pasada, la CPM le pidió a Kicillof su apartamiento.


La Subsecretaría de DDHH manifiesta su preocupación por la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el procesamiento del Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1981 cuando revestía como oficial de la Policía Bonaerense en la Delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). 

La semana pasada, además, los principales referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y le pidieron puntualmente por el apartamiento del fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, imputado por delitos de lesa humanidad.
 


PANORAMA: La CPM tiene bajo su custodia los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), donde se desempeñaba Fernández Garello, y fue a partir del peritaje de los mismos que pudo avanzar en acusaciones contra el fiscal general, una de las cuales fue elevada a juicio en el mes de agosto por Alicia Vence.



El pasado 18 de septiembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de su presidente, juez Guillermo J. Yacobucci, y del vocal juez Carlos A. Mahiques, resolvió “HACER   LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Fabián Uriel Fernández Garello, Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Guillermo Horacio Ornstein”, y “ANULAR las decisiones” de la jueza federal Alicia Vence, titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, que los había procesado sin prisión preventiva como partícipes necesarios penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. 

El tercer juez de la Sala II, Alejandro W. Slokar votó en disidencia y se opuso. La Subsecretaría de Derechos Humanos coincide con el planteo de este juez que en su voto dejó sentado que la decisión del Juzgado Federal N°2 de San Martín y su ratificación en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, “no puede ser impugnada” por la Casación porque no se trata de una sentencia definitiva.  
 


A pesar de las acusaciones, Fernández Garello sigue en su cargo y su desplazamiento es uno de los reiterados pedidos de organismos de derechos humanos y gremios del sector judicial como la Asociación Judicial Bonaerense, sobre todo ante la falta de avances del jury de enjuiciamiento en su contra, dilatado desde hace un año.



El 12 de agosto la jueza Vence, ante los pedidos de la acusación y las querellas, cerró la instrucción y elevó la causa a juicio, que quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Federal N°1 de San Martín. El debate oral tenía fecha de inicio. La decisión de Casación volvió el expediente a la primera instancia e inhibió a la Cámara de Apelaciones de San Martín de volver a intervenir. 

En esa línea Slokar agregó: “La decisión de anular todo lo actuado cuando no se evidencia un perjuicio actual retrotrayendo el proceso a una etapa ya culminada, importa una transgresión a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

Por ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos manifiesta su disconformidad con la decisión entendiendo que los secuestros y torturas de los que se acusa al Fiscal General de Mar del Plata cuando era subinspector de la central de inteligencia de la Dippba, contra tres militantes políticos del Partido Comunista secuestrados y torturados en la Brigada de Investigaciones de Caseros, identificado como centro clandestino de detención, deben ser investigados en un juicio oral y público, en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en nuestro país a partir de 2003.

A pesar de las acusaciones, Fernández Garello sigue en su cargo y su desplazamiento es uno de los reiterados pedidos de organismos de derechos humanos y gremios del sector judicial como la Asociación Judicial Bonaerense, sobre todo ante la falta de avances del jury de enjuiciamiento en su contra, dilatado desde hace un año.

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