La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, habló con El Teclado radio y se refirió a uno de los temas que más contrapuntos y polémicas despertó en los últimos días: el desalojo de los terrenos que habían sido ocupados por unas 1400 familias en Guernica.

La funcionaria apuntó contra “medios malintencionados” y también contra los “sectores políticos que alentaron a las familias a no firmar los acuerdos provinciales”. “Las familias que se retiraron voluntariamente fueron 734 y quedó un remanente que, en el día del desalojo y días anteriores, no accedieron al acuerdo con la Provincia”, explicó y enfatizó en que, durante el tiempo que duró la toma, la Provincia logró posponer el desalojo en tres oportunidades.

Ahora en Guernica, Presidente Perón, seguimos asistiendo a las familias. Muchas nos manifiestan que no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban. pic.twitter.com/9k6JYbSAlM

— Andrés Larroque (@larroqueandres) October 31, 2020

Respecto al subsidio de excepcionalidad de hasta $50.000 pesos que recibirán algunas de las familias, García dijo que es una normativa que existe desde el 2009, que tenía entonces un monto de 30 mil pesos. “El gobernador actualizó la suma. Esto no quiere decir que todas las personas de la toma lo hayan recibido”, dijo.

Y explicó: “Algunos van a tener ayuda en materiales para ampliar su casa y mejorar su situación. Y, quienes fueron desalojados por no poder pagar el alquiler, tendrán el subsidio. Pero solo aquellos que se hayan sido desalojados de su casa de origen por no poder pagar el alquiler”.

Del mismo modo dijo que la gestión de Axel Kicillof contempla que, como resultado de la pandemia, hubieron muchos ciudadanos que perdieron la posibilidad de “hacer changas” y que muchos y muchas perdieron esos ingresos diarios que les permitían costear un lugar donde vivir. “En el conurbano se alquila así: no hay inmobiliaria, contrato. Si paga se queda, si no paga se va”, resumió.

“Cuando comenzó la toma el ministro Larroque fue para certificar qué necesidades tenían. Pero hubo un impedimento de sectores radicalizados que no querían que entrara el Estado. Hay casi 800 familias que se retiraron voluntariamente porque entendieron que la situación estaba en manos de la justicia. Solo un remanente de familias que fueron representadas por un sector política que las alentó a no firmar los acuerdos provinciales”, lanzó.

García dijo que, después de tres veces en que la provincia pidió que se pospusiera el desalojo, el miércoles ya estaba decidido por el juez y el fiscal que se realizaría el desalojo. En ese momento, contó, el gobernador instruyó a todos los ministros a que lograran que las familias se retiraran voluntariamente. Y luego instruyó a que el desalojo no tuviera daños colaterales.

“El gobernador hace 20 días anunció un plan de tierra y vivienda con distintas alternativas. Un programa de viviendas, un programa de lotes con servicios. Es un plan integral. Pero esto no se hace en diez días. Mientras tanto, el ministro Larroque consiguió seis lugares para que las familias tuvieran un asiento transitorio”, dijo.

Terminar las obras que fueron paralizadas durante los últimos años para que las y los bonaerenses tengan su casa es una decisión política que busca brindar un horizonte de certeza y tranquilidad.

Creemos en un Estado que da respuestas y eso es lo que vinimos a hacer. pic.twitter.com/N3rUzprUGn

— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2020

Y concluyó: “No hay que ponerse colorado para decir que, más allá de las familias que tienen necesidades reales, hay intereses de personas que ocupan tierras, lotean y aparecen vendiendo lotes en tomas a 50 mil pesos”. 

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