Durante el fin de semana se iniciaron reclamos y protestas en diferentes cárceles bonaerenses, motivadas en las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas detenidas por el accionar penitenciario y judicial.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y estuvo presente en los hechos ocurridos en las unidades penitenciarias 1, 9, 10, 24, 31, 37, 40, 45 y 48.

Por todas estas unidades se presentaron habeas corpus colectivos y se reclamó la presencia de los jueces y fiscales en los lugares, aportando para lograr una solución pacífica de las situaciones que se generaron. También se presentaron centenares de habeas corpus individuales y denuncias penales, dando cuenta de las torturas, malos tratos y graves lesiones que provocaron discapacidades temporales y permanentes.

Los hechos se originaron por responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que informó el reinicio de las visitas luego de ocho meses de ASPO y un día antes dio marcha atrás con la medida. Está resolución sumada a la nula respuesta judicial frente a justos reclamos y pedidos de las personas detenidas, la demora en resolver morigeraciones y libertades, la suspensión de salidas transitorias y laborales, la nula atención sanitaria y de medidas adecuadas frente al COVID-19 explican lo ocurrido.

Distintas comunicaciones y testimonios de personas detenidas dieron cuenta que los hechos ocurridos el fin de semana fueron incluso promovidos por funcionarios penitenciarios que habilitaban a los detenidos a subir a los techos o, extrañamente, implementaron medidas que lo facilitaron. La justicia debe investigar que pasó.

Luego, durante el conflicto, agentes penitenciarios quemaron las aulas universitarias en las unidades 31 y 48, y trasladaron a estudiantes universitarios de manera arbitraria; este acto demuestra que, en la práctica, no existe la decisión del SPB de promover el acceso a la educación. La CPM presentó habeas corpus reclamando se garantice el reintegro de estas personas a las unidades donde estaban alojadas.

En las cárceles, la CPM ingresó sin obstáculos a las situaciones de mayor conflictividad, incluso presenciamos los procedimientos de recuentos en las madrugadas del sábado y domingo tratando de prevenir las represalias y torturas tan comunes en estos momentos.

Luego de controladas las situaciones en los penales, ocurrieron golpizas gravísimas y se iniciaron traslados violentos donde sacaron a los detenidos “capeados” o sin sus pertenencias, medida solo justificada en una decisión arbitraria de provocar el castigo. Fuimos testigos e impedimos la concreción de estos traslados, pero sabemos que ocurrieron otras decenas de traslados en estas condiciones, incumpliendo con el fallo de la Suprema Corte provincial que regula los mismos.

Sólo en la Unidad 31, el día domingo, la directora provincial del Ministerio de Justicia presente en lugar impidió el ingreso del equipo de la CPM para entrevistar a los detenidos del pabellón universitario esgrimiendo razones de seguridad. No obstante, la funcionaria sí habilitó el ingreso de integrantes de la subsecretaria de derechos humanos dependiente del mismo Ministerio. Este hecho fue puesto en conocimiento del Ministro de Justicia, para que se tomen las medidas del caso, toda vez que implica una grave violación a la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en Argentina.

Todo lo ocurrido durante estos días es consecuencia de un sistema penal que provoca graves violaciones de derechos humanos, sistemáticas y estructurales, incumpliendo la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Los jueces penales deben actuar conforme a la ley y otorgar las medidas morigeratorias de la pena y libertades que corresponden, y no guiarse por los discursos hegemónicos de los medios masivos de comunicación. Con estos reclamos y la crítica situación de sobrepoblación y hacinamiento, se han iniciado huelgas de hambre en distintos penales provinciales. Hacemos un llamado para que las mismas sean pacíficas y respetadas por las autoridades penitenciarias.

Afortunadamente hasta el momento no hubo que lamentar muertes en los conflictos del fin de semana, aunque si decenas de heridos graves por la violenta represión penitenciaria; se disparaba con postas de goma a quemarropa y a partes vitales del cuerpo, ojos y cara, incumpliendo los protocolos que prohíben disparar a menos de 10 metros de la persona. También agentes penitenciaros utilizaron “facas” o cuchillos carcelarios para agredir a detenidos y disimular así su responsabilidad por estos hechos.

Requerimos al gobierno provincial que se tramiten estos reclamos en el marco del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas y se suspendan los traslados compulsivos sin autorización judicial, promoviendo el diálogo para la resolución de los conflictos.

También los jueces provinciales deben resolver las morigeraciones y libertades solicitadas apegándose a la ley. Gran parte de la responsabilidad debe atribuirse a jueces que no contemplan la grave crisis que se vive en los lugares de encierro al momento de resolver. La práctica sistemática de la tortura, las condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo, son elementos que los jueces deben considerar en sus resoluciones. Las penas no respetan el precepto constitucional de que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpia para seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas, y toda media que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice". Es la hora de los jueces, que deben asumir sus responsabilidades legales.