La legalización del aborto en Uruguay sentó un precedente en América Latina. Es por eso que, en vísperas del segundo debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso argentino, se debe tomar nota de lo ocurrido en el vecino país donde, tras la aprobación de la ley en 2012 y su entrada en vigencia en 2013, se convirtió en el segundo país con menor mortalidad materna en América.

Los datos son contundentes: según un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay, desde que se sancionó la ley -que, en principio, contempla la interrupción de la gestación hasta las 12 semanas- el embarazo no planeado disminuyó en un 8%, sobre todo en mujeres entre los 20 y 34 años, con un nivel educativo de bachillerato cursado.

El mismo informe revela, además, otros beneficios: es que las mujeres de ese mismo grupo etario que sí decidieron continuar con su embarazo mejoraron la calidad de los nacimientos a partir de controles prenatales, transformando las semanas de gestación en un proceso más seguro para ellas y sus futuros hijos e hijas.

Es lindo recordar que hace 7 años tenemos aborto legal en Uruguay.

Hoy es por las compañeras argentinas, x un Estado que les garantice la decisión sobre sus propios cuerpos, dejando creencias, cultos y religiones de lado, hablando de lo que es, SALUD PÚBLICA.#AbortoLegal pic.twitter.com/i8FnEELHDL

— GP (@tGabrielaPorras) December 1, 2020

Según reveló el mencionado estudio, de las mujeres que abortaron, 86% se fue de la consulta de control posaborto con un método anticonceptivo, situación que favorece el circuito de la información, educación y prevención.

En Uruguay, el sector privado registra el 51% de las prácticas, aunque la relación es muy pareja con el sector público, que tiene también disponible los servicios en la red de atención primaria.

Y hay más: a lo largo de los últimos años, Uruguay se convirtió en el segundo país con menor mortalidad materna de toda América, después de Canadá.

[Cómo funciona el aborto legal en Uruguay]

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del vecino país fue aprobada el 17 de octubre de 2012 al ser votado afirmativamente en la cámara de senadores con 17 votos de 31 y permite que una mujer aborte dentro de las doce primeras semanas de gestación.

Así las cosas, una vez la mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, debe comparecer ante una comisión médica y de trabajadores sociales. Tras cinco días, la mujer y no el tribunal médico, tendrá la última palabra.

Para que la interrupción del embarazo sea considerada legal, debe cumplir con esas condiciones, excepto si el embarazo es resultado de una violación (en cuyo caso el plazo para abortar se extiende a 14 semanas), cuando hay malformaciones en el feto, y cuando hay riesgo grave para la salud (en cuyo caso no hay semana límite de gestación).

En esta lucha estamos todes.



Por eso, a la expectativa la calmamos palpitando en vigilia feminista. Súmate a hacer historia. #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/ZsLmWdHprf

— #AbortoLegal2020 (@CampAbortoLegal) December 10, 2020

La mujer y el equipo médico deberán actuar en la siguiente semana para programar una cita, no sin antes haberle manifestado a la mujer las características de la interrupción del embarazo y las alternativas (apoyo social, económico, dar a su hijo en adopción).

Una vez concretado el procedimiento, que por lo general se realiza con dosis controladas de  Misoprostol y Mifepristona, la mujer debe asistir a una última consulta de control para determinar que el embarazo fue interrumpido en totalidad y que su vida está libre de riesgos. En este espacio en donde se le asesora sobre métodos anticonceptivos para la prevención de un nuevo embarazo no deseado y se le recuerda que ocho días después de un aborto médico, una mujer es fértil y puede volver a quedar en embarazo.  [El Teclado]