El debate por la legalización del aborto llega a la Cámara de Diputados de la Nación y a lo largo y ancho del país de la provincia y el país se multiplican las muestras de apoyo a la ley. Por caso, en diálogo con El Teclado, la titular de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aseguró que la interrupción voluntaria del embarazo es “una cuestión de salud pública y de derechos humanos”.

“La CICOP hace muchos años que tiene esta lucha entre sus muchas reivindicaciones y reclamos. Entendemos que el aborto legal, seguro y gratuito es una cuestión de salud pública y derechos humanos y debe ser ley para sacar de la clandestinidad algo que de todos modos ocurre”, explicó Márquez.
 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE

DEBATE EN DIPUTADXS DEL PROYECTO DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

GAZEBO DE CICOP
EN AV RIVADAVIA Y RODRÍGUEZ PEÑA
DESDE LAS 10 HS

En la calle, en la conquista de un derecho#ABORTOLEGAL2020

MUJERES Y DISIDENCIAS
con DERECHOS#CICOP pic.twitter.com/k9ITQhTAJT

— CICOP Prensa (@PrensaCICOP) December 9, 2020

La titular de la Asociación explicó que los médicos y médicas pueden dar testimonio de una realidad que, año tras año, se cobra la vida de cientos de mujeres en todo el país: “Nuestra experiencia en los hospitales y centros de salud es que las mujeres abortan clandestinamente porque no tienen dinero y eso les cuesta la vida”, relató.

Atenta a las futuras dilaciones que podrían existir una vez que la ley se aprobara, Marquez reflexionó que “la lucha no termina si es ley” porque, una vez sancionada “tenemos que asegurar que haya salarios necesarios e insumos y todo lo que hace falta para abordar cualquier cuestión de salud pública”.
 

“Estamos en el congreso como ya estuvimos en 2018. Formamos parte de esta lucha para que los y las legisladores aprueben el proyecto. Hay que garantizar los derechos de la población”, enfatizó.

Finalmente, la mujer se refirió a una de las últimas modificaciones del dictamen que se conoció horas atrás. Específicamente, Marquez habló de uno de los puntos más controversiales: la objeción de conciencia.

El miércoles por la tarde se agregó en el proyecto un artículo que establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa de la objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.

“Hay cuestiones que vemos en el dictamen con las que no estamos de acuerdo, como la objeción de conciencia institucional. Pero que quede claro: si avanzamos y tenemos una ley seguiremos peleando por todos los demás derechos”, concluyó. [El Teclado]