La gran mayoría de los bonaerenses aún desconoce o se sorprende de que los detenidos tengan derecho a votar. Pero el Código Electoral Nacional prevé el sufragio de los detenidos con y sin condena firme y garantiza -o debería garantizar- ese derecho a través del Registro de Electores Privados de Libertad.
Sin embargo los comicios en territorio penitenciario están lejos de enmarcarse en la legalidad. El Teclado pudo conversar con uno de los fiscales que se acercó el pasado domingo a la Unidad 9 de La Plata, ubicada en calle 76 entre 9 y 11, que alberga a más de 1.500 internos. La fuente contó que 960 estaban habilitados para votar, aunque solo lo hicieron 147.
La primera irregularidad ocurrió por la mañana: fiscales y presidentes de mesa aguardaron desde las 7:30 la llegada del material de la Junta Electoral, que terminó arribando recién a las 9:30 y con faltantes. Por ejemplo, el Correo entregó tres urnas pero precintos para dos, y el papel madera jamás alcanzó para tapizar las ventanas de la escuela de la Unidad.
A las 10:00 se abrieron las tres mesas y con ellas, una batalla con el personal penitenciario: los agentes querían a toda costa que el acta dijera "8 AM" para aparentar normalidad en unos comicios que poco tenían de normales.
Por un lado está la cuestión de las boletas. Los presos votan con una suerte de "boleta única" donde las categorías aparecen en una misma hoja con la foto -y a veces ni eso- de los candidatos, y la persona debe poner un sello al costado de su elegido. No hay sobres sino que esa misma boleta se dobla, se firma, se vuelve a doblar y se mete en la urna.
Como puede verse en la foto que ilustra esta nota, los internos no pueden ver a qué diputados están votando: solo aparecen los dos primeros en la lista y no hay posibilidad de conocer al resto de los integrantes. Eso se suma a la enorme falta de información que tienen los detenidos respecto a qué se vota y cómo; además, muchos alegaron haber sufragado por primera vez en toda su estadía en la cárcel.
Lo más insólito ocurrió al cierre de las mesas, donde a las 18:00 ya habían votado los 147 detenidos. Según consta en el manual de capacitación para autoridades de mesa de electores privados de su libertad, "la autoridad penitenciaria informará, mediante acta circunstanciada, las razones por las que un interno no emitió su voto, lo que será tenido en cuenta a los efectos del artículo 125 del Código Electoral Nacional".
Muy por el contrario, en la U9 los agentes penitenciarios se negaron rotundamente a labrar actas por los más de 800 detenidos que no habían podido votar, alegando que "eran muchos" y descartando incluso hacer un acta general. Sólo se labraron actas por cinco casos: dos por no tener el DNI dentro del penal (un caso generalizado en todo el penal, dado que los internos prefieren que su familia lo preserve en lugar del SPB); una porque el elector no había querido votar; otra porque el detenido estaba excedido en edad y no tenía intención de sufragar y una última por no tener el DNI actualizado.
Para el fiscal consultado por esta agencia, las PASO del domingo tuvieron la intención de "mostrar cómo el Estado 'está presente' porque los deja votar, queriendo mandar el mensaje de que los tienen en cuenta. Pero en realidad todo es tan turbio y tan oscuro que es imposible que a estos chicos se les esté garantizando un derecho en esas condiciones. Al final termina siendo contraproducente".
Otra de las extrañas postales del domingo fue el comentario de un detenido: "Yo siempre voté pero nunca lo había hecho así, antes era firmar un papel y nada más", dijo antes de entrar al cuarto oscuro; un alarmante antecedente que lleva a pensar sobre la naturaleza de las elecciones anteriores.
Durante la jornada, un periodista del diario Clarín se acercó a hacer una nota sobre los "comicios tras las rejas". Además de filmar sin pedirle permiso a nadie -fiscales, presidentes y detenidos- comenta en un párrafo de la nota cómo "Un detenido pasa con la fuente de vacío con papas, el plato del día, para compartir en una 'ranchada' en el pabellón".
Quienes estuvieron trabajando y controlando la normalidad del proceso electoral, advirtieron que no se trató de ningún vacío: los penitenciarios habían comprado carne y papas, y enviado a los detenidos que no habían podido votar -la enorme mayoría- a hacerles empanadas.
Más allá de la tergiversación mediática, la pregunta que resta hacerse es cuán veraces pueden ser los resultados de una votación así, y si se puede aspirar a algún tipo de regularidad de cara a las próximas generales de octubre. [El Teclado]