El Senador bonaerense José Luis Pallares (vicepresidente del Bloque Frente de Todos), presentó dos importantes proyectos de ley para contribuir a dar respuesta a la violencia de género por parte de la Justicia y para garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen de las personas que desconocen quiénes son sus padres y familiares cosanguíneos.

El primero de ellos, establece mecanismos de emergencia para la violencia de género, contribuyendo a las medidas de protección de las víctimas impulsadas por el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof. Obliga a policías, jueces y fiscales a actuar con rapidez frente a un violento. La iniciativa, acompañada por varios legisladores del Frente de Todos, crea un procedimiento ágil que permitirá detener preventivamente y someter a control y tratamiento inmediato a los que ejercen violencia de género, para evitar escaladas que conduzcan a femicidios, travesticidios y transfemicidios.

“No sólo el personal policial deberá detener de inmediato al agresor sino que se da más facultades a los jueces para adoptar medidas eficaces, y se obliga al Poder Judicial a actuar, convirtiendo la inacción en causal especial de remoción de magistrados”, explicó el legislador.  

Por otra parte, el proyecto E 60 /2021-2022 garantiza el derecho a la identidad biológica o de origen a todas las personas que tengan dudas acerca de la misma, la ignoren o sospechen haber sufrido error, alteración, sustitución o supresión de identidad.

“El derecho a la identidad fue incorporado por gestión de Abuelas de Plaza de Mayo a la Convención de los Derechos del Niño”, recordó el legislador, explicando que su proyecto abarca a personas privadas de su identidad fuera del marco del Terrorismo de Estado, pero que tienen el mismo derecho a saber quiénes son sus padres y familiares cosanguíneos y poder así reconstruir su historia personal y familiar. 

Para ello el proyecto prevé tres caminos: la averiguación particular directa, la intervención de un organismo especial del Estado y un procedimiento judicial especial ante el fuero de familia, poniéndose a disposición de los afectados todos los recursos, archivos, bases de datos y expedientes a fin de  reconstruir sus lazos de sangre.