Por María Eugenia Suárez

Imposibilitada la concepción natural, muchas personas buscan concretar un embarazo a través de técnicas de reproducción asistida. Durante el 2020, estas prácticas se vieron obstaculizadas por las restricciones impuestas por la pandemia. Ante la segunda ola de contagios, El Teclado conversó con dos abogadas que analizaron la situación actual teniendo como marco el trabajo desarrollado el año pasado cuando, a través de distintas fundaciones, atendieron el reclamo, las dudas y consultas de muchas personas que padecieron dificultades en el libre acceso a tratamientos de fertilidad asistida.

[COVID, LA EXCUSA]

“Cuando comenzó la pandemia empezamos a recibir muchas llamadas, consultas, sobre la suspensión de tratamientos de alta y de baja complejidad. Las prepagas y obras sociales informaban eso a las afiliadas cuando solicitaban información”, señala a este portal la letrada Florencia Daud, especialista en bioética y fundadora de BioJur, fundación que entre otros temas difunde información sobre la ley Reproducción Médicamente Asistida y que asesora en materia legal y psicológica a personas que atraviesan tratamientos de fertilidad.

Daud indica que la excusa de la suspensión era la cuarentena impuesta por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia. “Es una argumentación discutida desde la bioética”, señala a la abogada y recuerda que tras el decreto del 19 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación emitió recomendaciones sobre los tratamientos. “Esa resolución era una recomendación no vinculante dirigida a los médicos y centros de fertilidad, no a las prepagas y a las obras sociales. Si el médico evaluaba factible hacer el tratamiento y lo volcaba en una orden médica solicitando autorización a la obra social o prepaga, ese tratamiento se tenía que cursar porque no había impedimentos legales. Es ahí cuando las pacientes acudían a nosotros”, recuerda la mujer.

La misma situación describe a El Teclado la abogada María Victoria Varas, asesora legal de la Asociación Civil Concebir, un grupo que trabaja en la contención de personas que buscan formar una familia mediante técnicas de reproducción asistida. Si bien considera que “las dificultades para acceder a los tratamientos son previos a la pandemia”, dado que mucha gente por el lugar donde vive no tiene acceso a tratamientos de alta complejidad, coincidió en que la “Covid-19 profundizó esas dificultades”. En ese sentido, sostuvo que “muchas obras sociales y prepagas, pese a existir normativa específica que ordena la cobertura, muchas veces ofrece resistencia”. “La gente se termina convirtiendo en usuarios super calificados porque se sabe toda la ley, la normativa, para hacer valer sus derechos”, sostiene Varas.

“Los primeros meses se complicó porque se cerraron los centros, las clínicas de fertilidad; luego salieron recomendaciones del Ministerio en donde se establecían prioridades de atención”, agregó la profesional y detalló algunos de los casos: personas con criopreservación de ovocitos, mujeres con disfunción ovárica, falla ovárica precoz y edad reproductiva avanzada. 

[SOLUCIONES]

Daud relata que para sortear el obstáculo se le informaba al paciente “que mediante el envío de una carta documento o un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Salud se podía solucionar”. “Cada día cuenta mucho en la capacidad reproductiva de una mujer, incluso en ovodonación. Con carta documento hemos logrado destrabar muchos casos. También con amparos judiciales”, detalla y aclara: “Hubo una feria extraordinaria judicial el año pasado, pero los amparos de salud no entraban en esa feria y se habilitaban”.

Esta situación se extendió hasta mediados del 2020, momentos en que la apertura de actividades comenzó a ampliarse. “Ya para septiembre, octubre, la mayoría de la prepagas y obras sociales estaban autorizando sin mayores problemas”, señaló la abogada de BioJur.

En el mismo sentido se expresó la doctora Varas, quien añadió que en octubre del 2020 “la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) sacó una declaración donde refería que el derecho a la salud reproductiva es un derecho humano básico, con lo cual no había ningún fundamento ético para limitar el acceso a tratamiento de reproducción asistida”.

Si bien mediante una notificación legal el impedimento podía ser sorteado, hubo muchos pacientes que decidieron postergar el tratamiento. “Varios nos dijeron que preferían esperar por una cuestión de tranquilidad. En los centros, además de información precisa sobre los riesgos que puede acarrear un tratamiento, tienen que informar si hay posible contagios” de coronavirus, destaca la integrante de Concebir, quien advierte que “hasta ahora no hay evidencia que el virus se pueda transmitir de la gestante al niño y tampoco hay evidencia del virus en gametos ni embriones”.

En esa línea, aclaró que “no salió ninguna sugerencia sobre impedimentos para embarazarse de forma natural. Si hay embarazos que progresan, también se pueden hacer tratamientos, sino habría discriminación con pacientes infértiles”.

[SEGUNDA OLA] 

Desde BioJur, la abogada sostiene que en la actualidad el inconveniente es el acceso a los tratamientos de ovodonación. “Siempre hay listas de espera y la pandemia retrasó todo un poco más. Para el acceso a óvulos donados en fresco hay un protocolo que los médicos tienen que llevar acabo con los donantes y quizá el pico de contagios también puede asustar a las posibles donantes”, señaló.

Sin embargo, descartó que las pacientes accionen legalmente en reclamo de mayor celeridad del proceso. “En este caso la vía prejudicial no se cursa a la obra social o prepaga porque estas autorizaron el tratamiento, sino que debería hacerse al centro médico. Y para la paciente es un poco antipático presentar una carta documento en el mismo centro en donde depositan la confianza en un profesional”, señala la abogada y agrega: “Además, no se puede obligar a los centros médicos a agilizar la lista de espera porque no hay una legislación que los obligue a hacerlo más rápido”.

Por su parte Varas, señala que “hasta ahora se está funcionando con protocolos como todas las actividades vinculadas a la salud”, aunque advirtió que “para acceder a un tratamiento hay que hacer previamente el PCR”, una prueba que permite detectar si una persona está infectada o no con coronavirus.

“En líneas generales, se ha reanudado la actividad casi totalmente. Y si bien estamos ante la segunda ola podemos decir que no hay nada nuevo, todo parece continuar con cierta normalidad”, completó la letrada. 

[Por dudas o consultas sobre la ley Reproducción Médicamente Asistida (conocida como ley de fertilización) y la actuación de obras sociales, prepagas y centros de fertilidad se pueden comunicar con Concebir (https://www.concebir.org.ar/) o BioJur (http://www.biojur.org/) ]

[El Teclado]