Por Jorge Ceballos, secretario General del Movimiento Libres del Sur.- Pasado más de un año del inicio de la pandemia por el COVID-19, más el arrastre de muchos años previos de políticas económicas y sociales erráticas, particularmente la gestión del ex presidente Mauricio Macri, vemos que los indicadores no dejan de agravarse.

En este caso, la última entrega de Indicador Barrial de la Situación Nutricional (IBSN) que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) arroja resultados alarmantes: en la Provincia de Buenos Aires el 42,1% de los niños y adolescentes censados por dicho Instituto que concurren a comedores y merenderos comunitarios padecen malnutrición respecto al índice de masa corporal; y el 28% de los lactantes de 0 a 2 años presentan malnutrición según el índice de peso/edad.

Estos datos expresan severas consecuencias en los cuerpos de nuestros niños, profundizando así las desigualdades en sus trayectos de vida.

No debería extrañarnos tampoco que estos indicadores se agraven. Las perspectivas económicas no dan indicio de una recuperación que permita revertir esta situación, mientras que las políticas sociales son claramente insuficientes atendiendo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional en cuanto a las cuentas fiscales. Así lo indica la inversión en políticas públicas destinadas a la población más vulnerable (pensiones, jubilaciones, AUH, ayudas alimentarias), que tuvieron el último año un aumento del 32,4%, mientras que la inflación en el mismo período fue de 42,6%.

No es difícil darse cuenta que ningún combo de las políticas sociales mencionadas alcanza para satisfacer suficientemente la canasta alimentaria de $25.685, y mucho menos para una canasta básica total que hoy se ubica en los $60.874, es decir para no ser pobre. Recordemos que en el más de 42% de pobreza relevada por el INDEC el promedio de ingresos oscila los $29.000, es decir que hay una distancia de casi el 50% para alcanzar el umbral que define la pobreza.

El Gobierno Nacional decidió un incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil del 35% en cuotas hasta febrero del año 2022. Si tenemos en cuenta lo que se viene perdiendo ante la inflación desde la gestión anterior y lo que va del gobierno de Alberto Fernández, y proyectando benévolamente una inflación mayor al 40% para el presente año, podemos decir que sus integrantes acordaron un nuevo ajuste.

Como siempre digo, los pobres están cansados de que solo los cuenten o registren. Necesitamos de manera urgente un plan, una estrategia y medidas que les den soluciones.

Provengo de las organizaciones sociales que emergieron a fines de los años 90 del siglo pasado, viví muy de cerca la crisis del 2001, estuve en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner y renuncié al inicio de la gestión de Cristina Fernández. Pasaron más de dos décadas y estamos como estamos.

Hoy más que nunca hace falta autocrítica, humildad y ejemplaridad de políticos, empresarios y del conjunto de la dirigencia.

Precisamente, el trabajo debe ser la guía de nuestro proyecto, porque eso implica pensar una Argentina que crezca sostenidamente y resuelva sus problemas económicos estructurales. Hablo del trabajo registrado, con salarios por encima de la línea de la pobreza. Hablo de los trabajadores activos, de los jubilados que trabajaron toda su vida, aportaron y merecen vivir con dignidad, hablo de las nuevas generaciones que solo conocieron changas y trabajos precarios y cuya aspiración posible viene siendo un subsidio o plan estatal.

Necesitamos salir de la grieta que solo discute chicanas y cuyo único fin es arribar o perdurar en el gobierno.

El criterio validante de las necesarias discusiones tiene que ser el ver plasmado un país que crece y se estructura en torno al trabajo, único camino para resolver la infamia de la pobreza.