Juan Mariano Martínez Rojas no es el ex dueño de Tiempo Argentino, sino el líder de una patota que el 4 de julio de 2016 irrumpió en la redacción del diario sacando a los golpes a sus trabajadores, rompió equipos de trabajo y cortó las redes de comunicación del medio cooperativo para impedir que pudiéramos seguir informando. Hay cientos de testigos, fotografías y videos que lo muestran participando de los destrozos y luego saliendo del lugar escoltado por la policía. Todavía más, la única persona imputada por el ataque que declaró en la causa señaló que su ingreso a la redacción forzando una cerradura se produjo con la policía.

Por todo eso los trabajadores de la cooperativa creada tras el vaciamiento del diario hoy convivimos con una custodia permanente de la Prefectura Naval en nuestra redacción. Porque la Procuraduría de Violencia Institucional consideró que era necesario resguardar nuestra integridad fìsica. Su reaparición pública blanqueada bajo la figura de “arrepentido” hoy hace más importante que nunca esa garantía. El Estado es responsable de nuestra seguridad y, sobre todo, de proteger la libertad de expresión garantizando la salida y el normal desarrollo de la actividad en nuestro medio.

Juan Mariano Martínez Rojas también es la misma persona que el 11 de junio de 2016 ocupó la planta transmisora de Radio América y sacó del aire a los compañeros que mantenían su servicio informativo a pesar de no recibir pago desde diciembre de 2015. Tanto esta situación como la anterior generaron denuncias penales que se tramitan en el fuero federal, pues la interrupción de las comunicaciones y el ataque a la libertad de prensa son delitos que se investigan allí. Sin embargo, y a pesar de la relevancia del tema, ningún juez federal se animó a investigar y la causa hoy duerme en la Corte Suprema esperando que allí se defina qué juzgado se va a hacer cargo. Esta situación hace pensar que antes que enemigos, esta persona tiene muchos aliados poderosos interesados en que no se esclarezcan estos hechos.

Así lo piensa también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intimó al Estado a esclarecer el ataque. En el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que fue publicado en abril último, se menciona el ataque de Martínez Rojas y se manifiesta su preocupación por el hecho. Por eso, incluso, en el texto se le recuerda al Estado su "obligación de prevenir, de proteger, de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes" que atentan contra el "derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión".

Por último, sobre su presunta “compra” de Tiempo Argentino, queremos dejar de manifiesto que la persona mencionada nunca pudo probar en sede judicial la titularidad del medio. Tampoco lo hizo ante el Ministerio de Trabajo, donde los empleados del diario y de Radio América reclamamos por meses por las deudas contraídas.

Por todo esto, como integrantes de la cooperativa creada por los trabajadores de prensa que integrábamos el diario que vació el Grupo 23 de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel y que recuperamos como medio autogestionado, exigimos que se haga justicia sobre el ataque que recibimos. Que se esclarezca quién es realmente Martínez Rojas, quiénes lo defienden o promueven y que todos ellos asuman la responsabilidad de sus delitos.

Pedimos a los colegas que cubren la noticia de su reaparición mediática, que tengan en cuenta estas aclaraciones que realizamos. Y a propósito de las falsedades que Martinez Rojas señala sobre la cooperativa en la actualidad, los invitamos a visitar nuestra redacción para conocer cómo funciona este proyecto de periodismo autogestionado.