El XI Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó este miércoles en el Anexo del Senado provincial, donde disertaron entre otros el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.

Tal como expresaron en un comunicado, este informe se presenta "en un marco de profundización de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos. La desaparición de Santiago Maldonado es la expresión más dramática de la orientación de la política criminal y de seguridad que se ha definido a nivel nacional".

A continuación, reproducimos el resumen completo del Informe: 

Como ha sostenido la CPM en todos sus informes, el punitivismo domina la orientación de estas políticas desde hace dos décadas, marcando el plexo normativo. Sin embargo, esta gestión se ha radicalizado en su discurso manodurista, ha avanzado decididamente en reformas al ordenamiento legal regresivas y ha reprimido la protesta social de manera sistemática.

Este punitivismo exacerbado y oportunista -que insiste en la falacia de considerarse una iniciativa para resolver el problema de la inseguridad- se enmarca, ahora, en el paradigma sostenido en las supuestas nuevas amenazas a nivel global, como la “guerra contra el narco” y la “lucha contra el terrorismo”. Este paradigma habilita una política de control social con despliegue territorial de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y legitima la profundización de la militarización del espacio público.
En este camino, durante 2016 se aprobaron normas legislativas que se apartan de las garantías constitucionales: la ley de derribo o la ley de técnicas especiales de investigación, que introduce las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada.

Otra iniciativa convertida en ley es el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica el Código Procesal Penal estableciendo el procedimiento en casos de flagrancia. En este caso ni siquiera consideraron la experiencia negativa de la provincia de Buenos Aires, donde lleva doce años de implementación: la agilidad que se busca en la administración de justicia con plazos procesales más breves ha consolidado un procedimiento violatorio del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio.
En la misma dirección, la reforma a la ley nacional de ejecución penal, el régimen de libertades durante el proceso y los códigos procesal y penal (todas de este año) modificaron el paradigma central del cumplimiento de la pena -la resocialización de la persona- para imponer el paradigma de la seguridad ciudadana, que supone que el fin único del encierro es la protección de la sociedad, y por lo tanto a mayor tiempo de encierro menos riesgo para los ciudadanos.

La provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires la gestión se inició una vez más con la declaración de emergencia en materia penitenciaria y de seguridad. Lejos de resolver los problemas estructurales, las emergencias son parte de ellos y explican en gran medida el colapso en que se encuentra el sistema hoy. La población encarcelada es la más alta de los últimos 20 años y el sobre-encarcelamiento también alcanzó su máxima expresión en las comisarías.

Como viene denunciando la CPM, ese colapso del sistema de encierro ha llegado a un punto crítico en el que predomina el hacinamiento, y la falta de acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud. Además, las condiciones de detención no garantizan una vida digna, la tortura es una práctica sistemática y las muertes se mantienen en índices elevados —la mayoría se produjeron por desatención de la salud.

Esta ausencia de medidas estructurales y políticas públicas urgentes que reviertan este cuadro de violaciones de derechos humanos tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría 1ª.

En paralelo, el dato más cruel de la violencia policial en el territorio se expresa en el uso letal de la fuerza con arma de fuego; el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes. Además, las torturas, allanamientos ilegales, hostigamiento, causas armadas o fraguadas, detenciones arbitrarias o ilegales perpetradas por agentes policiales son prácticas sistemáticas y generalizadas, y forman parte de la rutina institucional de las fuerzas de seguridad. En particular, preocupa el incremento de las detenciones ilegales en sede policial de niños, niñas y adolescentes.

La policía es la encargada de captar personas al sistema. Prevalece la detención en flagrancia: 9 de cada 10 personas son detenidas sin orden judicial previa. Luego la justicia valida lo actuado: allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, armado de causas por la policía. A su vez los jueces no controlan luego los lugares de encierro donde envían a las personas, eludiendo la responsabilidad de su estado. Las visitas estipuladas la acordada 3415/08 de la Suprema Corte de la provincia son mayoritariamente deficientes o apenas una formalidad. Fiscales y jueces tampoco investigan de manera adecuada las violaciones a los derechos humanos que acontecen dentro del sistema. Es decir, la justicia es co responsable con el Poder Ejecutivo en el colapso del sistema de encierro.

No hay política de seguridad eficaz porque no hay decisión política de ningún poder del estado. Todo lo contrario: las reformas estructurales se demoran y las viejas recetas punitivistas se reiteran. El sostenido aumento del índice de prisionización en la Provincia no ha resuelto el problema del delito pero ha acentuado la violencia. Son los sectores más vulnerables de la población los que pagan el costo de la demagogia punitiva, y sostienen con sus padecimientos las promesas de orden y seguridad. Mientras tanto, siguen pendientes reformas estructurales claves para comenzar a desmontar este sistema penal que viola los derechos humanos:

— Policía judicial (ley 14.424), pendiente desde el año 2012.
— Fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional (ley 14.687), pendiente desde el 2014.
— Autonomía de la defensa pública (ley 14.442), pendiente desde el 2012.
— Implementación legal del mecanismo provincial de prevención de la tortura. (La CPM presentó un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por todos los bloques de la comisión de DDHH del Senado provincial)

En cuanto al sistema de encierro asociado a la salud mental, los manicomios dependientes del Ministerio de Salud ni los dependientes del SPB definen sus estrategias tratamentales de acuerdo al paradigma de desmanicomialización que define la ley nacional de salud mental 26.657. En los hospitales monovalentes las condiciones de encierro de las personas con padecimiento mental violan sus derechos más elementales, producto de la precariedad edilicia y la infraestructura en general. Pero también en el orden de los tratamientos, donde prevalece la medicalización por sobre otras estrategias, y el uso generalizado de sujeción mecánica sin protocolos claros y explícitos.

En cuanto a los jóvenes detenidos bajo el régimen penal juvenil, en los centros dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se profundizó el proceso de transformación en cárceles con regímenes de vida que se parecen cada vez más a las de adultos, con tiempos de aislamiento excesivos, aplicación de torturas y malos tratos, escaso tiempo de actividades educativas o de formación laboral. La detención no cumple con su función de reeducación o resocialización. Los jóvenes no acceden a tratamientos psicológicos adecuados y no existen dispositivos regulares de asistencia frente a las adicciones.
 
Los datos sobresalientes

1. RECORD HISTÓRICO DE DETENIDOS
A fines de 2016, la población detenida a disposición del Poder Judicial (detenidos en comisarías, alcaidías judiciales y bajo arresto o prisión domiciliaria) fue de 38.681. A julio de 2017 alcanza los 41.729. (37.208 en cárceles y alcaidías, 2.944 en comisarías y 1.575 en monitoreo electrónico).

2. MUERTES EN CONSTANTE AUMENTO
En 2016 se produjeron un total de 385 muertes de personas bajo custodia del estado o por acción de agentes de fuerzas de seguridad. 156 fueron en cárceles (más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana). Este incremento acompaña el agravamiento general de las condiciones de encierro, puesto que la mayor parte son provocadas por estas condiciones. De las 156 muertes ocurridas durante 2016, el 71 % fueron por desatención de problemas de salud. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad.

3. LA TORTURA SISTEMÁTICA
La tortura es una práctica sistemática y debe interpretarse en clave de gobernabilidad, es decir son prácticas articuladas para lograr un determinado ordenamiento interno. Las torturas son parte integral de un programa que recurre a la violencia y la precariedad para gobernar a las poblaciones encarceladas. Durante 2016 la CPM registró 16.403 hechos de agravamiento en las condiciones de detención, padecidos por 3.054 víctimas en todo el sistema de encierro (adultos y jóvenes). Estos hechos, que constituyen torturas y malos tratos, se registraron a partir de 6.905 entrevistas realizadas a personas privadas de su libertad y/o sus familiares. Fueron denunciados mediante 4.051 acciones judiciales urgentes (habeas corpus, oficios urgentes, etc.). El total de víctimas asistidas padecieron en promedio 5 agravamientos simultáneos durante su detención.

4. SOBREPOBLACIÓN
Considerando las 61 unidades y alcaidías, en diciembre de 2016 la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015. Pero no todas las cárceles y alcaidías están ocupadas por encima de su capacidad así como tampoco todos los pabellones hacia adentro de una unidad sobrepoblada. La existencia de establecimientos y espacios sub-poblados y de niveles dispares de sobre-ocupación, es la demostración de que más allá de la existencia de un problema estructural, el SPB utiliza la sobrepoblación como estrategia de gobierno. A agosto de 2017, había un faltante de 17.464 plazas. Por su parte, el sobre-encarcelamiento en comisarías alcanzó durante el 2016 su máxima expresión. Y los números actuales (a julio de 2017) muestran que esa tendencia se profundiza: en las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 2.944 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. 

5. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENCARCELADOS
El régimen penal juvenil se fue asimilando al de adultos creando verdaderas cárceles para adolescentes: hoy se encuentran detenidos 624 jóvenes en centros que dependen del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Se han incrementado las medidas de encierro a menores de 16 años. Además, la actual gestión tomó la decisión de trasladar a los mayores de 18 años directamente a las cárceles de adultos, sin generar dispositivos propios y adecuados. Durante el año 2016 un joven se suicidó en un centro dependiente del OPNyA, detenido bajo el régimen penal juvenil. Además, la CPM presentó una denuncia penal por torturas, apremios, malos tratos y amenazas a dos jóvenes que fueron aprendidos luego de un fuga del centro cerrado COPA de La Plata.

6. UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE GENERA MÁS VIOLENCIA
Durante 2016, la violencia policial en el territorio arrojó un saldo mínimo de 109 muertes producidas por el uso letal de la fuerza con arma de fuego; el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes. Estas muertes son el correlato de una política de seguridad que, bajo la excusa del combate de las nuevas amenazas (narcotráfico y terrorismo), profundizó la militarización de los territorios consolidando un esquema que restringe derechos y garantías, reproduce la violencia, y desconoce todos los acuerdos alcanzados durante la transición democrática que se expresan en la ley de seguridad interior. En esta línea se inscriben los siguientes proyectos y decisiones adoptadas por el gobierno nacional: derribo de aeronaves, ley del arrepentido, flagrancia y protocolo antipiquetes para reprimir la protesta social.

7. MUERTE Y TORTURA EN HOSPITALES MONOVALENTES
En la provincia de Buenos Aires hay 12.336 personas adultas privadas de libertad involuntariamente por razones de salud mental que se encuentran bajo proceso o seguimiento judicial. En los cuatro hospitales monovalentes públicos y cuatro hospitales públicos especializados (discapacidad) se alojan 2.443 personas.
En el año 2016 se registró un aumento de la cantidad de personas fallecidas en hospitales monovalentes, llegando a 107 muertes (contra 94 ocurridas durante el 2015) lo que eleva la tasa a la alarmante cifra de 46,72 personas cada 1.000. Además, tomando como base un total de 135 entrevistas realizadas a usuarios y usuarias de los servicio de salud mental de la Provincia, el 45% (40 personas) afirmó haber sufrido algún tipo de tortura o maltrato por parte del personal de la institución en la que se encuentra detenido.

8. LA VIOLENCIA JUDICIAL
Mediante una descripción de prácticas y análisis de casos, se aborda el estado de situación de la justicia bonaerense y la necesidad de avanzar en la implementaciónn de –al menos- tres resortes fundamentales: a) la policía judicial, b) las fiscalías especializadas en violencia institucional, c) una defensa pública autónoma y de calidad; todos consagrados por leyes que aún esperan su implementación. Estas reformas son necesarias para poder mejorar la intervención judicial, asumir las investigaciones penales, controlar la violencia institucional, disminuir la impunidad en estos casos y garantizar derechos constitucionales como la defensa en juicio y el debido proceso. En este marco, durante el 2016 la CPM presentó 150 denuncias por causas armadas o fraguadas, uso letal de la fuerza (gatillo fácil), hostigamiento, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias o ilegales, allanamientos irregulares o violentos, desalojos, etc. La mayoría de estos casos permitieron identificar prácticas de control territorial que derivaron en intervenciones colectivas.

9. INTERVENCIONES URGENTES
La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el sistema de encierro en la Provincia reclama intervenciones urgentes. Entre otras, dar cumplimiento protocolo facultativo a la convención contra la tortura de la ONU y designar legalmente a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura de todos los lugares de encierro. Es necesario institucionalizar, profundizar y garantizar sus funciones, atribuciones y deberes en las acciones de control, prevención y denuncia de las vulneraciones de derechos que allí ocurren, y la asistencia en sus derechos a las personas privadas de su libertad víctimas de violencia. No hablamos sólo de las instituciones dependientes del sistema penitenciario sino también de las que alojan personas con padecimiento mental, centros cerrados para jóvenes, establecimientos policiales y todo lugar donde se alojen personas contra su voluntad. [El Teclado]