Ordenan a un ex funcionario sciolista a devolver al Estado más de $ 5.000 millones
Un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli, Mariano Puccio, fue intimado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a devolver a las arcas del estado bonaerense una suma que supera los 5.400 millones de pesos por no haber presentado rendiciones de cuentas de sus movimientos administrativos en 2015.
Puccio, en ese momento, estaba al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, un organismo autárquico que estaba en la órbita de la Dirección General de Escuelas y Educación.
Según consta en el fallo, no se comprobó en ese período ningún tipo de rendición de cuentas, tal como lo exige la ley y además el faltante que se le imputaba superaba los 8.400 millones.
Por su parte, Puccio que hoy cumple funciones en el municipio de Tigre y forma parte de la comisión fiscalizadora de la comisión de Boca Juniors, en su descargo esgrimió que el organismo que presidía no estaba obligado a dar explicaciones al Tribunal de Cuentas y que "la rendición fue realizada a organismos de la Nación".
La Unidad Ejecutora provincial se creó en el año 1994 con el objetivo de implementar programas y proyectos de financiamiento externo y local para “el mejoramiento integral de la educación”. Durante buena parte de la década del ‘90, fue desde donde se ejecutaron obras de construcción y remodelación de escuelas y hoy controla varios programas (como el Prodymes y el Promer) para atender necesidades “de la población educativa con mayor vulnerabilidad, permitiendo el acceso a una educación de calidad y socialmente comprometida”, según se explica en la página oficial del organismo.
Si bien en los fallos del Tribunal de Cuentas con respecto a los ejercicios 2014 y 2015 no hay acusaciones sobre desvío de fondos, sino de falta de rendición de los movimientos administrativos, las sentencias refuerzan las sospechas que recaen sobre la Unidad Ejecutora, que fue calificada como una “caja política” desde donde se habrían realizado presuntos manejos irregulares y malversación de dineros públicos.
Se trata de la sanción más importante de la historia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en sus 126 años de existencia. [El Teclado]