Por María Eugenia Suárez

De no incluirse en el temario, el 31 de diciembre perderá estado parlamentario el proyecto de ley que busca dar una respuesta integral al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. La iniciativa, que plantea una actualización de la ley nacional de SIDA, promueve que el abordaje no sólo atienda aspectos biomédicos, sino también los determinantes sociales que hacen a la salud.

El proyecto que espera ser tratado en la Cámara de Diputados de la nación no es el primero que busca actualizar la ley 23.798, vigente desde 1990. El primer texto de modificación fue presentado en 2016 por el diputado entrerriano Jorge Barreto. En 2018, la entonces diputada bonaerense Fernanda Raverta lo volvió a llevar al Congreso. El pliego actual lo ingresó en 2020 la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos Entre Ríos. Si antes de fin de año no es tratado perderá estado parlamentario por tercera vez.

“Es importante actualizar la ley vigente porque la del año 1990 no cumple con los requisitos necesarios para poder ofrecer una respuesta al VIH en los términos en los que tanto este virus, como las hepatitis y el resto de las infecciones de transmisión sexual, lo necesitan en la actualidad”, explicó a El Teclado Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo.

La iniciativa, que incorpora las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ETS) y tuberculosis, busca un abordaje integral de las enfermedades. En este sentido, hace foco en los derechos humanos como prioridad a la hora de dar una respuesta sanitaria, busca ponerle fin a la discriminación, prioriza el desarrollo y la producción pública de tecnologías y medicamentos que garanticen la sostenibilidad de las políticas y, entre otros lineamientos, plantea una respuesta previsional anticipada para quienes perciban remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil.

“Durante estas décadas aprendimos que el VIH no es sólo una cuestión biomédica"

“Durante estas décadas aprendimos que el VIH no es sólo una cuestión biomédica, física, sino que también hay distintas problemáticas sociales que giran en torno a la infección por VIH, o incluso las hepatitis virales, que no están siendo atendidas por la normativa vigente”, agrega Muñoz y sostiene que el proyecto promueve generar políticas públicas que atiendan “los determinantes sociales de la salud y que hacen al bienestar integral de una persona”.

SIN DEBATE

Si bien el último proyecto fue presentado en septiembre del año pasado, recién en octubre de 2021 se puso en discusión en la Comisión de Salud de la cámara baja nacional. Para el titular de la Asociación Ciclo Positivo “las dilaciones tienen que ver con la falta de entendimiento por parte de la dirigencia política sobre la urgencia de este tema”.

Según precisó, entre cuatro y seis personas mueren diariamente por enfermedades relacionadas al Sida. Además, indicó que se conocen 5 mil nuevas infecciones por año y alrededor 1500 mueren anualmente. “Son datos alarmantes porque se sostienen desde hace varias décadas. Es importante hacer algo distinto para poder cambiar estos indicadores”, planteó Muñoz. Según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina unas 140 mil personas viven con VIH, aunque un 17% de ellas desconoce que padecen la enfermedad.

El activista destacó que, a diferencia de décadas pasadas, cuando los muerte no distinguía entre ricos y pobres, en la actualidad las personas que fallecen viven en situaciones de extrema vulnerabilidad social. “Las consecuencias de este desinterés político están a la vista. Es muy triste para quienes perdimos amigos, activistas que participaron en la redacción de este proyecto, pero también debería ser triste para la sociedad en general porque son muertes evitables”, indicó.

Hace algunas semanas, el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH y HEPA RED Argentina difundieron por redes sociales una carta abierta dirigida al presidente Alberto Fernández y este miércoles solicitaron una audiencia para ser recibidos antes que finalice el año. “El Presidente es la última instancia que nos queda. Él tiene hasta el 31 de diciembre de este año para integrar el proyecto al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso”, señaló Muñoz y agregó: “Lamentablemente no lo logramos con diputados y diputadas del oficialismo, tampoco con la oposición. Pareciera que no hay voluntad política para poner este tema en tratamiento y poder empezar a generar herramientas y políticas públicas que permitan la sobrevida de las personas que hoy la pasan mal”.

Muñoz sostuvo que esta situación lleva a las organizaciones y a los activistas a una situación de “desilusión con toda la dirigencia política”. “Son los que tienen la capacidad para generar políticas públicas, son quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar nuestras vidas y no lo están haciendo”, concluyó. [El Teclado]