Cuando todos pensábamos que al año ya no le entran más polémicas, la AFI se puso a realizar tareas de mantenimiento en los discos rígidos y destapó una nueva olla.

"Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", dice en un video Marcelo Villegas, el entonces ministro de Trabajo de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Por supuesto, las palabras de repudio no demoraron en salir. Una de las primeras en manifestarse en las redes fue la actual ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez: "La existencia de una Mesa Judicial en la provincia de Buenos Aires que, en acuerdo con funcionarios de la ex gobernadora Vidal, se dedicaba a armar causas para perseguir dirigentes gremiales es un hecho de enorme gravedad institucional. Recuerda las prácticas de la dictadura", sostuvo. 

La exdiputada consideró que "es también de un altísimo nivel de desprecio a trabajadores/as hablar de “una Gestapo para terminar con todos los gremios. Usaron el Estado para perseguir a políticos, sacerdotes, jueces e instituciones de todo tipo. Esperamos que la justicia actúe rápido".

Justamente desde el lado de la Justicia, el ministro Julio Alak expresó que lo que expresa Villegas en el video "demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales".

"Acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente. Los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político deberían evaluar qué sectores del Poder Judicial fueron permeables a estas operaciones y actuar en consecuencia", sostuvo además.

A su turno, la titular de la cartera laboral, Mara Ruiz Malec, señaló que "los hechos denunciados por la AFI son de una enorme gravedad institucional. La Justicia debe investigar y esclarecer esta situación ante la amenaza que representa para nuestra democracia la utilización del Estado para espiar y armar causas a opositores políticos y gremiales".

"La gestión anterior admite, sin tapujos, su deseo de tener una fuerza de embestida para terminar con los gremios. Lo que es seguro es que, su política siempre ha apuntado a terminar con los derechos de las y los trabajadores", añadió, y luego enumeró: "vaciaron el Ministerio de Trabajo. Se perdió un 25% del personal, se cerraron subdelegaciones, no se asistía en los conflictos, y se ufanaban de ello. Hubo abandono en la inspección del trabajo, protegiendo a los que incumplen. El abandono ha sido siempre en favor del evasor".

En otro de los tuits, hizo hincapié en que "en materia judicial, no se nombraban jueces de trabajo, mientras se dictó un procedimiento laboral de imposible aplicación que terminó en un vacío normativo, complicando el funcionamiento de la justicia laboral".

Durante el periodo de la ex gobernadora Vidal…
Abro hilo ????

— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) December 27, 2021

"Se han recortado los salarios públicos, se ha perseguido a trabajadores y trabajadoras del Estado con sumarios insostenibles y se expuso a dirigentes sindicales, que recibieron amenazas a sus personas y familias. Que hablen de una 'gestapo' para 'terminar con los gremios', directamente, recuerda a las peores prácticas de los momentos más oscuros de la humanidad", prosiguió la funcionaria de Kicillof.

Y en el final, aprovechó para halagar su gestión. "Por el contrario, esta gestión busca generar un lugar de escucha, de reivindicación y diálogo. El ministerio de Trabajo volvió a ser la casa de las y los trabajadores. Sin mafias antisindicales, sin persecución política y con un único objetivo: la defensa de los derechos laborales", cerró Ruiz Malec. 

Las declaraciones -tal como informó Télam- las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en el Banco Provincia de La Plata, frente a empresarios de la construcción y acompañado del exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro.

En ese encuentro, los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "Nación y provincia" para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

La Agencia Federal de Inteligencia que conduce Cristina Camaño presentará una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal. [El Teclado]