La medida adoptada por el máximo tribunal hace referencia a la "gravedad de los hechos denunciados" por la Defensoría, puntualmente a los que tienen que ver con las obras realizadas por Santa Fe que alteraron el escurrimiento natural de la laguna La Picasa, lo que derivó en la anegación de varios distritos de Buenos Aires.

Así la audiencia pública, que será de carácter informativo y tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Palacio de Justicia (Capital Federal), buscará reunir a estas dos administraciones junto con la de Córdoba, que integra la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la laguna La Picasa. También se participarán autoridades de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Procuraduría General y la Defensoría General de la Nación.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó la decisión de la Corte al reconocer que "se le dio la importancia necesaria a nuestros reclamos, que los gobiernos se comprometan a dar respuesta ante la grave situación que afecta a miles de bonaerenses, y que se lleven adelante todas las obras necesarias para evitar que se repitan estas inundaciones". [El Teclado]