En el marco de las discusiones paritarias 2022, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) se refirió hoy a la propuesta de aumento salarial que deberá hacer el gobierno bonaerense para los trabajadores del estado durante el mes de febrero.

“Sin dudas, el contexto inflacionario va deteriorando todos los meses nuestro poder adquisitivo y resulta imprescindible recomponer nuestros salarios que, en nuestro caso, padecen un retraso histórico respecto a las necesidades del sector”, manifestaron desde CICOP.

“Como lo hemos planteado en la primera audiencia paritaria de la Ley 10.430, los trabajadores de la salud hemos sufrido un desgaste laboral de enorme impacto durante estos últimos años. El sacrificio que viene haciendo el equipo de salud para garantizar la atención de toda la población, sostener las guardias y asistir a los pacientes internados es enorme y esto debe ser contemplado en la propuesta salarial. Por ello, a la vez que reclamamos una masa salarial que contemple la inflación y se comience un proceso de recomposición, solicitamos la apertura de nuestra paritaria Ley 10.471”, precisaron.

“Pugnamos para que las paritarias también sean herramienta para mejorar las condiciones laborales. En tal sentido, seguiremos insistiendo para que se atiendan nuestros reclamos concernientes a nuestros aportes previsionales y el régimen de desgaste laboral prematuro, el nuevo reglamento de residentes, el pase de Ley para todos los profesionales encuadrados en la Ley 10.430 y la regularización laboral de quienes ingresaron como becarios durante la pandemia”, subrayaron.

En otro orden, CICOP se pronunció sobre “los lamentables hechos ocurridos la semana pasada con numerosos fallecimientos por el consumo de drogas adulteradas volvieron a poner en tensión las guardias de muchos hospitales públicos de la provincia en donde, una vez más, el personal que allí se desempeña demostró estar a la altura de la situación en un momento muy delicado”. 

“Estos trágicos sucesos también deben ser debatidos en el marco de un tema sanitario y social, no solo de seguridad. Un debate responsable, implica abordar el tema de la ilegalidad, la impunidad y complicidad político policial e impone la necesidad de políticas de estado y presupuestos acordes para la implementación de políticas de cuidado sanitario, tales como acceso a dispositivos de salud mental y adicciones en base a una perspectiva de reducción de riesgos y daños, fortaleciendo los centros de salud, conformando equipos de atención y generando redes comunitarias para el acompañamiento”, añadieron. 

Además, explicaron que “preocupa la situación de muchos municipios en donde los salarios están muy retrasados y ni siquiera se ha pagado un bono de fin de año. A ello hay que sumar los altos niveles de precarización laboral que llegan, en algunos casos, al monotributo, forma extrema del empleo basura. Estas asimetrías salariales provocan renuncias, agravan los problemas estructurales derivados de la falta de definición de los planteles necesarios y se terminan desarmando equipos de trabajo que se formaron durante muchos años”.

“En el primer nivel de atención la situación es crítica y en muchos casos estamos sufriendo procesos de vaciamiento del sistema público que perjudican fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitan la posibilidad de desplegar programas de prevención de la salud”, finalizaron.