El juez federal con competencia electoral de La Plata Alejo Ramos Padilla desaprobó este martes los informes finales gastos de campaña que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año 2017; y dispuso una multa de 4 millones de pesos que recae sobre los partidos que integran el espacio político.

En este marco, la presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, manifestó que “hubo una vulneración de las bases de datos que fue pública. Público entre algunos, no demasiado público porque hubo una voluntad de ocultar este tema”.

Recordemos que la legisladora denunció en 2018 a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.

“Es un avance por la sanción por incumplimiento de la ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, sostuvo Teresa García.

La denuncia alcanzó también a los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) –en su carácter de vicepresidentes 1º y 2º del partido–, al jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai –en tanto secretario general– y a María Fernanda Inza, tesorera de la fuerza política a nivel local.

“Se tomaron bases de datos de programas sociales, automáticamente se afilió a esas personas, sin su consentimiento y luego ese listado de personas apareció como aportantes de la campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en el 2017”, recordó García.

En diálogo con Radio Universidad, la senadora sostuvo que “la manipulación de algunos medios de comunicación y la voluntad expresa de Vidal, hizo que el hilo de los aportantes truchos se corte por lo más fino, y en aquel momento se buscó presentar a Inza como cuentapropista como pasa con los argumentos con los que intentan ocultar el entramado del espionaje ilegal”.

"Dirigentes y militantes del PRO aparecían en los listados negando haber aportado", rememoró Teresa García, quien recordó que inclusive el ex intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, del Pro, apareció en las nóminas y lo negó.

"Yo agradezco que la causa siga teniendo un poquito de respirador porque el tema es muy grave: se ha vulnerado la identidad de las personas. Se hizo uso de bases de datos de personas de programas sociales que aparecían como afiliados al Pro. Celebro esta decisión de sancionarlos, pero hay que seguir con la causa penal", expresó García.

Y cerró: “costó muchísimo encontrar el acta de constitución del PRO en la provincia, juro que estuve cerca de dos meses buscándola. El acta que la consignaba a María Eugenia Vidal como presidenta del partido había desaparecido de todos los archivos”.

En el fallo, Ramos Padilla sancionó con multas a los partidos de la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones por $34.395.

La investigación indaga una denuncia del 2018, donde se evidenció que algunas personas (sin su conocimiento) figuraban como aportantes de la campaña que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y a los senadores Esteban Bullrich y Gladys González. [El Teclado]