En la primera sesión del año, la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, aprobó el proyecto de Ley de Emergencia de Empresas Recuperadas. El mismo fue enviado por el gobernador Axel Kicillof, en el mes de noviembre del año pasado, y tiene por objetivo suspender la ejecución de sentencias de desalojo y de los cortes de servicios públicos para fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires. 

En este sentido, la diputada del Frente de Todos, Lucía Klug, expresó que “está ley pone en valor las fábricas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, en un contexto nada fácil”.

“Hoy estamos en un contexto donde el desempleo y la inflación son muy altos, seguramente mañana acordemos con el Fondo y lamentablemente el augurio no es bueno, sabemos cuáles son las condiciones del Fondo para los y las trabajadoras de la Argentina”, apuntó la diputada y agregó que: “En este plano me parece muy importante aprobar está ley”.

También acompañaron la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, fue el bloque del Frente de Izquierda, que si bien apoyaron la medida argumentaron que no soluciona la problemática de las empresas recuperadas en la provincia.

Quien rechazó el proyecto, fue el bloque de Avanza Libertad. En este sentido, el diputado Guillermo Castello, arremetió a que “esta ley es un mamarracho, no sé podía ni leer”. 

“Este proyecto atenta contra la seguridad jurídica, la propiedad y a las empresas. Pretenden privilegiar a un grupo de empresas y a otras las discrimina”, apuntó y agregó: “Con respecto a la suspensión de desalojos, es un total desprecio a la Justicia”. “Esta ley genera más pobreza”, concluyó el diputado.  

“La declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y el trato diferencial que requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas organizadas bajo la naturaleza jurídica de cooperativas de trabajo”, expresa la iniciativa. 

El proyecto de ley, girado ahora al Senado provincial, destaca que el plazo de la emergencia será por dos años, con la posibilidad de poder extenderlo si fuera necesario; declara de interés provincial el proceso de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.

Además, como se indicó, deja suspendidas las ejecuciones de desalojo contra esas cooperativas, como así también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia, y suspenden los cortes de servicio y señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas. [El Teclado]