La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un informe para que sea tratado por la ONU, en el que mencionó los avances y las cuestiones pendientes en las que el Estado debe mejorar para garantizar los derechos de todas las personas, tanto en relación con la violencia de género, la salud mental, como a la situación de las personas con discapacidad en la provincia.

La presentación del organismo que conduce Guido Lorenzino se hizo en el marco de una mesa de diálogo que convocó el gobierno nacional, previo al Examen Periódico Universal sobre el estado de avance en materia de derechos humanos que realizará la Organización de las Naciones Unidas a la Argentina, el próximo 6 de noviembre en Ginebra.

 

En materia de salud mental, el secretario de Legal y Técnica, Diego Beghelini, detalló que el informe del organismo que se apoya en tres ejes fundamentales: la adecuación legislativa, de niñez y adolescencia; la creación del Comité de Monitoreo y Seguimiento, de vital importancia para el control de las diversas instituciones provinciales que alojan a personas internadas y que son usuarias del servicio; y la necesidad de la construcción de datos en materia de salud mental en la Provincia.

Por otro lado, el estudio de la Defensoría hace referencia a la dificultad para el acceso al trabajo de las personas con discapacidad, al observar prejuicios, desconocimiento, falta de accesibilidad y prevalencia del modelo médico a la hora de ser evaluada para el ingreso a la administración pública.

También, se visibilizaron requisitos exigentes, obstaculizantes y que no se basan en el modelo convencional a la hora de solicitar una pensión para una persona con discapacidad, como así también el incumplimiento en el ámbito de salud, en relación con la obligación asumida por el Estado en la Convención, a que las Personas con discapacidad gocen del más alto nivel posible de salud.

En relación al derecho a la accesibilidad, se evidenciaron diversas barreras y obstáculos (físicos, pero también comunicacionales y aquellos basados en el prejuicio, las actitudes y malas prácticas) en los diferentes entornos en que se desarrollan las personas y que les impiden desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones con las demás.

Además, se observaron dificultades a la hora de solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), como falta de capacitación en el ámbito educativo sobre la temática, lo que provoca trabas, prejuicios y discriminación al momento de la inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas comunes.

 

Por otro lado, la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría, Laurana Malacalza, planteó en referencia a esta problemática la necesidad de poner en funcionamiento en toda la Provincia el patrocinio jurídico gratuito, por parte del ministerio de justicia de la Nación, para víctimas de violencia familiar y de género.

Además, hizo mención a las denuncias y causas que se inician por violencia familiar y de género, las cuales entiende que deben ser acompañadas por una reestructuración del fuero de Familia, a partir de la creación de fiscalías y defensorías especializadas en violencia familiar y de género.

También, la necesidad de definir políticas públicas de reparación para las víctimas de violencia familiar y de género y los familiares de las víctimas de femicidio. Por último, mencionó la necesidad de establecer políticas públicas integrales de acceso a la vivienda, empleo y trabajo formal para las víctimas de violencia de género.

La participación de la Defensoría del Pueblo bonaerense en estos espacios permite la construcción de herramientas que fortalecen el sistema democrático y de construcción de políticas públicas integrales nacionales y mundiales. [El Teclado]