El Frente de Todos buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados en la firma de dictámenes de un conjunto de iniciativas para apuntalar el crecimiento económico y el desarrollo productivo, que el oficialismo procurará sancionar en la primera quincena de mayo, ya que se trata de proyectos que tienen un alto consenso parlamentario.

La bancada del FDT procurará emitir dictámenes favorables a los proyectos para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, y de blanqueo de capitales para activar la construcción, que contiene beneficios impositivos para los bienes no declarados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, viene planteando la necesidad de aprobar este proyecto que incluye un puente al trabajo para aquellos que reciben un plan social, con el fin de que puedan insertarse en el mercado laboral.

El proyecto contempla que, en el plazo de 365 días, los titulares de programas sociales que sean contratados por el sector de la construcción en el marco de proyectos alcanzados por el régimen podrán mantener los planes.

La intención del oficialismo es sancionar en la primera quincena de mayo estos proyectos, que forman parte de una decena de iniciativas que son claves para el objetivo del Gobierno Nacional para apuntalar el desarrollo productivo.

Esta agenda incluye también los proyectos de agroindustria, de compre argentino, de electromovilidad, de incentivos a la industria automotriz y de turismo, que se empezarán a debatir en las próximas semanas, tras la conformación de las comisiones económicas.

El oficialismo confía en poder aprobar estos proyectos sin dificultades ya que tienen el respaldo de la mayoría de los bloques políticos, lo cual es imprescindible para sancionar cualquier iniciativa en la Cámara de Diputados debido a la extrema paridad que existe en este cuerpo legislativo, donde el FDT tiene 118 miembros y JXC 116.

Pero no sólo el Gobierno pidió la sanción de estas propuestas giradas por el Poder Ejecutivo sino también los 10 gobernadores de diferente extracción política que forman el Norte Grande y la conducción de la Unión Industrial Argentina, en reuniones que mantuvieron en los últimos días con Massa.

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El primer paso que dará el oficialismo para sancionar estas iniciativas es emitir el martes los respectivos despachos de comisiones, que luego se deberán sancionar en el recinto de sesiones.

La comisión de Legislación Laboral -que preside Cecilia Moreau (FDT)- se reunirá a las 15 para firmar el despacho del proyecto impulsado por Massa y Cristian Ritondo (PRO) para prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, la cual permite disminuir los impuestos del blanqueo de capitales no registrados.

En diciembre se incluyó esta prórroga en el dictamen de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear estos fondos con beneficios impositivos para destinarlos a la construcción.

De acuerdo con la agenda, la comisión de Presupuesto y Hacienda -que conduce Carlos Heller- se reunirá al mediodía para firmar despacho favorable a la Creación del Régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, y otro para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2072 las asignaciones específicas previstas para industrias e institucionales culturales.

Posteriormente, a las 14, un plenario de comisiones de Agricultura y Ganadería -ahora en manos del opositor radical Ricardo Buryaille- y Presupuesto buscará emitir despacho sobre el proyecto de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, para dar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera, y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".