En el comienzo de la sesión, se debatió la iniciativa de Boleta Única de Sufragio, impulsada desde la oposición. El pleno de la Cámara emplazó a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para que se constituyan y empiecen a debatir el cambio en el sistema electoral dentro de un período determinado. La moción fue aprobada por 132 votos contra 114.

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Posteriormente, la Cámara baja le dio media sanción a la norma que representa un alivio fiscal para la construcción con 172 votos afirmativos; 20 negativos y 45 abstenciones. 

El proyecto, de autoría del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, establece una prórroga sobre los plazos de la ley que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios. 

Como miembro informante del proyecto, la diputada Mónica Litza, del Frente de Todos, explicó que se propone restablecer la ley 27.613 en los alcances de la normalización de tenencias de moneda nacional y extranjera para la inversión pública.

Litza destacó también “la importancia que tiene la construcción en el impulso de la economía, actúa a modo de una gran locomotora que impulsa a otros sectores de la economía”.

Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri, del PRO, consideró que “en un país con alto nivel de pobreza, no podemos no encontrar herramientas que logren revertir esa situación”. 

“Nos pareció muy importante poder dar una prórroga para dar una respuesta, entendiendo la necesidad urgente de reactivar el sector”, alegó. Al mismo tiempo, consideró que “la clase media y las personas vulnerables necesitan tener una oportunidad de empleo y necesitamos aumentar la oferta de viviendas”.

Ritondo, como autor del proyecto, explicó que “este es el resultado de un trabajo hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores”. “Decidimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción”, explicó.

El bloque Evolución Radical adelantó que se abstendría, mientras que Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, rechazó la norma y criticó que “se premia a quienes evadieron”.

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Por otra parte, Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis - TBC - y las Infecciones de Transmisión Sexual - UTS - y plantea la derogación de la Ley 23.798. 

El proyecto obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos y será girado al Senado. La norma busca un abordaje integral que brinde contención e información para terminar con la discriminación y los prejuicios que acarrea la enfermedad. Fue respaldada por organizaciones de la sociedad civil que se hicieron presentes en los palcos del recinto. 

Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Socialista) sostuvo que “el VIH es una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre estuvo en el debate público y que se ha llevado más de 36 millones de vidas”. 

“Esta ley es una herramienta que viene a dar una mirada integral para avanzar en el camino de reducir la desigualdad, terminar con la estigmatización y hostigamiento, y salvar vidas”. subrayó. 

Como autora del proyecto, la diputada Ana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, remarcó que “esta ley, que salva vidas, viene a proponer un paradigma distinto, con un enfoque de derechos humanos y un abordaje social integral del VIH”. “Es una enfermedad que ha generado estigma y discriminación, pero con esta norma venimos a traer dignidad”, señaló. 

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se manifestó a favor diciendo que “acompaño esta ley en general y en particular porque en lo más profundo de mi convicción tengo la esperanza personal y colectiva de que nos merecemos que exista ese día que llegue la cura”. 

El proyecto establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

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Por último, también se sancionó el proyecto por la cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. Fue por 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones. 

Como miembro informante, la diputada Mara Brawer (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal: “Se usa toda la planta, más de 25 mil productos están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”. 

Luego explicó el rol de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) que se creará con la ley. “La Agencia va a regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva y articular con otros organismos del Estado”, aseveró.

El diputado Ricardo Buryaile (UCR) dijo que “la sociedad nos pide empatía, no estamos en presencia del mejor proyecto, pero es un paso adelante, estamos apostando a la salud pública, a miles de personas que le vamos a mejorar la calidad de vida”. “El objetivo específico es el marco regulatorio comprendiendo todas las etapas de la producción, de ninguna manera estamos contemplando el uso recreativo”, aclaró. 

La norma crea el marco normativo para la producción, comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo el desarrollo de la cadena productiva sectorial.