El diputado nacional por el PRO y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, presentó un Proyecto de Ley que declara servicio estratégico esencial a todos los niveles de la educación obligatoria. Básicamente, se busca que haya clases hasta en los días de paro. 

"La Ley de Continuidad del Aprendizaje y Derechos que protege la escuela busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes que deben alcanzarse durante el ciclo lectivo", dice el enunciado de la iniciativa. 

Y señala a la educación como derecho humano, acceso primario y sustancial a los derechos sociales, económicos y culturales. “Muchos siempre lo hemos pensado, pero sin dudas el apagón educativo demostró a todos que la presencialidad escolar es la instancia en la que los chicos acceden a un sinnúmero de derechos", afirmó Finocchiaro.

"El primero de ellos es el aprender, pero las aulas también garantizan otros que tienen que ver con la salud integral, con el desarrollo socio-afectivo, con la construcción de ciudadanía plena, con la protección y el cuidado que los adultos les debemos a los menores de edad. Una escuela cerrada es una barrera que viola lo que dispone la Constitución Nacional. Esta iniciativa pretende que, en la práctica, confirmemos lo que se declama", prodiguió el otrora alfil de Vidal.  

"La única manera de posibilitar el desarrollo individual de cada uno de los estudiantes y tener un destino como sociedad es superar la tragedia educativa que nos toca vivir. Para eso, tenemos que incluir realmente a nuestros chicos. Esa inclusión se cumple solo si logramos sumarlos en el camino del conocimiento. Y para eso hay que tener clases, todos los días. Tenemos que asegurar cada jornada”, afirmó Finocchiaro, contundente.

“La Constitución Nacional en su artículo 14 garantiza el pleno derecho a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades. La educación goza oficialmente de la condición de derecho humano desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Esto se ha reafirmado en numerosos tratados internacionales, entre los que se destaca la Convención sobre los Derechos del Niño”, se lee entrelos fundamentos de la norma propuesta.

La premisa central de la Ley planteada es que el calendario escolar es de obligatorio cumplimiento en forma presencial y será responsabilidad de las jurisdicciones conseguirlo como “piso”.

Para concretarlo, se plantea la creación de guardias docentes y no docentes que deberá implementar la dirección de cada uno de los establecimientos escolares de los tres niveles obligatorios. Esas guardias sostendrán el proceso educativo en los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente durante el ciclo lectivo. 

El proyecto establece que las integrará el 50% de la dotación de docentes, auxiliares y directivos “a los efectos de que el establecimiento permanezca abierto y en condiciones de continuar con la trayectoria educativa de los alumnos”. “El personal previamente informado como integrante de la guardia al inicio del ciclo lectivo no podrá participar de medidas de fuerza en los días asignados”, destacó el legislador marillo. 

Carla Carrizo, diputada nacional Evolución radical y acompañante del proyecto, expresó: "La educación presencial es irremplazable y es fundamental para enfrentar la pobreza y las enormes brechas de desigualdad y exclusión. En la escuela se aprende mucho más que lo que se enseña; para muchas familias es un centro alimentario, médico, lugar ordenador y de referencia comunitaria". 

"Por eso hablar de la esencialidad de la educación tiene que ver con reconocer que el Estado debe ponderar primero los intereses de niños y adolescentes, y luego los del resto de los adultos, laborales, salariales, gremiales. Si por algún justificado motivo no se llegara a cumplimentar el calendario -objetivo mínimo-, serán las jurisdicciones o los establecimientos afectados los encargados de instrumentar lo necesario para alcanzar los días de clases presenciales previstos en el receso de invierno o en diciembre", añadió. 

Y competó: "El Consejo Federal de Educación fijará las medidas necesarias para que las provincias dispongan la organización de las instituciones educativas de acuerdo a los nuevos criterios generales, que se adecuarán a los niveles y modalidades educativas".