El
viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión
perpetua al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, que ya purga otras ocho perpetuas, y
al expolicía Julio César Garachico por los secuestros y torturas de siete
personas en el ex centro clandestino de Pozo Arana y los asesinatos de cuatro de
esas víctimas. El Teclado entrevistó a Guadalupe Godoy, abogada querellante de
la causa, quien destacó la sentencia alcanzada y, ante el repudio por la
prisión domiciliaria de Garachico, consideró que se está poniendo “una vara tan
alta que ya nadie va a poder sentir la satisfacción de que estamos haciendo
justicia”.
El
juicio que finalizó el viernes con una nueva condena por genocida para
Etchecolatz comenzó el 30 de agosto de 2021 y buscó determinar lo ocurrido con siete
personas que en 1976 comenzaron a militar en la unidad básica "Juan Pablo
Maestra" y a realizar actividades barriales en la periferia de La Plata.
Etchecolatz fue condenado al ser señalado coautor del homicidio calificado por alevosía, por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez; la privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por amenazas reiteradas en dos oportunidades y aplicación de tormentos a ambas víctimas.
Además, se condenó a prisión perpetua al expolicía Julio César Garachico por el homicidio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco y Rodas, y la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a Dell Orto, De Marco, Rodas, Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López.
En el caso de Garachico el Tribunal rechazó el pedido para que se revoque la domiciliaria que éste goza y le mantuvo el beneficio que el expolicía cumple en su casa de Mar del Plata, veredicto que despertó el repudio entre el público que por primera vez estuvo presente en la sala.
Según
se desprendió de las audiencias, gran parte del sustento probatorio radicó
especialmente en las cuatro declaraciones judiciales prestadas por Jorge Julio
López antes de su segunda desaparición en 2006, y en esa última declaración se
oyó a López sindicar a Etchecolatz como el jefe del operativo de su secuestro y
a Garachico como quien daba las órdenes al grupo de "picaneadores".
Por eso Guadalupe Godoy, abogada querellante de esta causa y militante por los derechos humanos habla de “sensación de fin de ciclo” al referirse a las condenas de estos genocidas.
“Cuando hablo de fin de ciclo, no digo que los juicios se terminan sino que hablo de esa sensación que hay en la ciudad de La Plata de que este juicio era como cierre de aquel primero"
“Estos
hechos eran los que habían quedado fuera del primer juicio en el año 2006, con el testimonio de Julio López , y ahora hay una suerte de círculo que se cierra”, indicó
la letrada en conversación con El Teclado.
Y
aclaró: “Cuando hablo de fin de ciclo, no digo que los juicios se terminan sino
que hablo de esa sensación que hay en la
ciudad de La Plata de que este juicio era como cierre de aquel primero”.
Godoy
celebra las condenas a los genocidas y habla de “un sabor agridulce” cuando
analiza el repudio que despertó en los presentes la decisión del tribunal de rechazar
el pedido para que se revoque la domiciliaria a Garachico.
“Fue extraño porque no fue una sentencia distinta a la que hemos tenido, por ejemplo, en el juicio de San Justo”, donde se condenó a 16 imputados por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, pero tampoco se logró que se revocaran las domiciliarias.
“Es
una sentencia que reconoce los hechos, donde las dos condenas que se producen
son a prisión perpetua, que mantiene la situación carcelaria que venía del
juicio; en el caso de Etchecolatz mantiene la prisión efectiva y en el caso de Garachico
la domiciliaria que obtuvo hace muchos años por razones de salud”, agregó Godoy.
Ante
la reacción del público, que repudió la decisión del tribunal de revocar la prisión
domiciliaria del expolicía, la abogada, indicó: “Si la vara van a ser las
prisiones efectivas, estamos un poco complicados porque todos sabemos que
estamos haciendo estos juicios corriendo contra lo que denominamos impunidad
biológica” y agregó que la realidad actual es que “el 80% de quienes están
siendo enjuiciados o condenados gozan de prisión domiciliaria”
En este sentido, ante voces que hablan de un retroceso o un estado de situación previo al 2006 consideró que se está poniendo “una vara tan alta que ya nadie va a poder sentir la satisfacción de que estamos haciendo justicia”.
“Si a partir de ahora solo celebramos sentencias con prisión efectiva va a estar complicado”.
“Una
sentencia antes del 2006 es la impunidad porque no había juicios y hemos tenido
sentencias con absoluciones, hemos tenido sentencias donde no se demuestran los
hechos, con domiciliarias todas”, enumeró y recordó que “la única en la que se
revocaron las domiciliarias fue durante el juicio Fuerza de Tareas 5 y dos días
después la Cámara Nacional de Casación mandó el fallo revertiendo esa decisión”.
Godoy
sostuvo que la situación que se generó le dio “mucha pena” y que además de
tratar de “entender lo que pasó” trabaja en que “no quede una sensación de frustración”.
“Si a partir de ahora solo celebramos sentencias con prisión efectiva va a estar
complicado”, insistió
“Tiene que haber una cuestión reparatoria y me parece que lo que pasó conspiró hasta de una forma irresponsable en los sentidos reparatorios”, completó la abogada.