La semana pasada, miembros del Colegio de Abogados del distrito bonaerense de Bahía Blanca elevaron formalmente una carta al fiscal general provincial para expresar su preocupación ante las demoras en el avance de las causas de delitos sexuales y violencia de género. Ante un nuevo reclamo contra la violencia machista, el planteo de los letrados es una suerte de muestra sobre el deficientemente funcionamiento del sistema judicial argentino.

El problema del acceso a la justicia y la transversalidad de la mirada feminista en el Estado, es parte de un debate y un reclamo de las organizaciones que trabajan con la agenda de derechos de mujeres y disidencias.

Con ese escenario como telón de fondo y tras reiterados cuestionamientos de la ciudadanía por las dilaciones para dar respuestas ante denuncias vinculadas a delitos sexuales y violencia de género, abogados bahiense hicieron una presentación para visibilizar la cuestión.

En el distrito más importante del sur bonaerense existen tres fiscalías especializadas en la materia (UFIJ N° 3, 4 y 14), pero el creciente cúmulo de trabajo y la falta de personal llevan a una respuesta general insatisfactoria.

Ante esta situación, el recientemente reelecto presidente de la institución, Rafael Gentili, elevó una carta al fiscal general Juan Pablo Fernández, para hacer conocer la inquietud.

Las manifestaciones contra el funcionamiento de las fiscalías especializadas en delitos de género y sexuales apuntan a tres puntos específicos:

1- Las suspensiones de juicios orales sobre la fecha de realización, solicitadas por cuestiones de agenda del Ministerio Publico Fiscal, los que son reprogramadas a largo plazo.

2- El excesivo plazo que transcurre entre una denuncia efectuada y la eventual citación a indagatoria de los imputados en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

3- La falta de atención por parte del Ministerio Público a las víctimas de tales delitos.

"Este Colegio no desconoce la falta de recursos humanos y materiales que sufren los órganos a su cargo, así como el cúmulo de causas que existen en trámite, las que -lamentablemente– crecen exponencialmente cada día", remarcó Gentili en la misiva.

No obstante, sostuvo que "la especial sensibilidad que despierta la temática aludida, nos impone extremar los esfuerzos y nos obliga a reclamar ante las máximas autoridades de ese Ministerio Público Fiscal la urgente cobertura de vacantes y la designación del personal que resulte necesario para poder brindar un servicio de justicia acorde con las necesidades que la materia reclama".

"La situación no admite más demoras", aseguró Gentili, quien se puso a disposición para realizar, de manera conjunta, las gestiones institucionales que correspondan.

El planteo resulta una suerte de muestra de un reclamo que recorre a lo ancho y a lo largo el país.

En este sentido, en una visita reciente al distrito, la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, se refirió a la problemática y consideró que "la Justicia tiene una mirada patriarcal y estigmatizante de las víctimas".

Además, aseguró que junto con su gabinete trabaja para que el Poder Judicial “construya organismos centralizados que definan la política en violencia de género”. En esa línea, mencionó que la Procuración ha creado una Subsecretaría especial para abordar violencia familiar y en la Corte se creó una comisión especial. [El Teclado]