El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias.

"Javier Iguael, con la asistencia de (el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo) Stoddart y (el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo) Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente", sostuvo el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.

Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública, informó Télam.

Fuentes judiciales indicaron que Iguacel fue señalado por el juez como presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos.

Ante la novedad, la respuesta del mandamás PRO no tardó en llegar. "Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos", expresó el también pre candidato a la Gobernación.

"Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando q se haga justicia. No somos todo lo mismo", completó, y adjuntó una captura del título que indica que "La Corte rechazó todos los planteos de Cristina en la causa Vialidad". 

Es importante remarcar que la causa se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina.

En es presentación, sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular acción que, según su consideración, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.

Los hechos versan sobre las irregularidades vinculadas a la prórroga contractual dictada en el año 2016 mediante la que se adjudicó el corredor vial 7 al corredor vial 3; las relacionadas con las prórrogas extraordinarias dictadas desde el año 2017 en adelante en los corredores viales 1 al 6 y 8; y aquellas concernientes a la licitación bajo modalidad de participación público-privada (PPP), llevada a cabo desde el año 2018 en adelante.

Una de las hipótesis indicaba que las extensiones irregulares de las concesiones tuvieron por objetivo evitar la realización de nuevas licitaciones que redundarán en una demora para aplicar las PPP, que además le habrían implicado al Estados desembolsos más cuantiosos.

El código penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".