Los legisladores de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Pampita, y Marina Kienast firmaron un proyecto para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cobre por los servicios de salud y de educación que les presta a personas que no tienen domicilio en la Capital. 

De acuerdo a lo que plantea la iniciativa -que dijeron haber creado para “limitar a los gobernadores incompetentes”- serían las administraciones de la provincias las que afrontarían esos costos.

Tal como informó La Nación, bajo el nombre de “Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional”, el proyecto ya ingresado en la Legislatura plantea en su primer artículo la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional, para que actúe entre la Ciudad y las provincias, y que abarque a los sistemas de salud y de educación públicos.

La respuesta de la Provincia no tardó en llegar. Y el encargado de darla fue nada más y nada menos que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. "Este proyecto además de no pensar en la integración y la solidaridad que debe tener el sistema de salud, tampoco piensa en la economía de las y los habitantes de CABA", expresó el referente camporista.

Este proyecto además de no pensar en la integración y la solidaridad que debe tener el sistema de salud, tampoco piensa en la economía de las y los habitantes de CABA. Son miles las personas que a diario consumen y producen riqueza para la ciudad, pero duermen en PBA. Sin sentido pic.twitter.com/zODucerepw

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) June 28, 2022

Y luego añadió que "son miles las personas que a diario consumen y producen riqueza para la ciudad, pero duermen en PBA". "Sin sentido", completó.

Volviendo a la polémica iniciativa, prevé que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.

Además determina la forma en que se notificarían esas deudas a cada jurisdicción. “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”, aclara el texto propulsado por los legisladores que integran Juntos por el Cambio.