La diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, realizó una denuncia en el juzgado federal de La Plata, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, para que se investigue una causa por malversación de fondos por 95 millones de dólares, durante la gestión del interventor Daniel Capdevila, en el Astillero Río Santiago. 

La denuncia describe también cómo fue el entramado judicial, llevado adelante por el procurador Julio Conte Grand, para direccionar la causa y "proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”.

Según la información pública por el portal El Destape Web, la diputada denunció actos de “corrupción, los que podrían estar tipificados como malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita de todos los integrantes que a continuación se enuncian: Julio Conte Grand, procurador general bonaerense; Daniel Capdevila, expresidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago y exfuncionario de María Eugenia Vidal; Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal; Juan Cruz Condomi Alcorta, fiscal del Departamento Judicial de La Plata; Miguel de Lezica, Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración provincial; y Max Perkins, quien fuera subsecretario de la Secretaría de la misma dependencia”.

LA DENUNCIA

La denuncia realizada por Susana Gonzáles se basa en un hecho de corrupción que se descubre en la causa contra los dirigentes de ATE-Ensenada, durante la intervención del Astillero Río Santiago, a cargo de Daniel Capdevila, nombrado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. 

En diálogo con El Teclado, la diputada del Frente de Todos, Susana González, explicó que “esto es una denuncia complementaria de un pedido de informes que hice en el 2018, por un depósito bancario que le hicieron al interventor del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, por mil millones de pesos y que no formaban parte de su declaración jurada”. 

“Con todas las situaciones que fueron pasando en el Astillero Río Santiago, Capdevilla inició una denuncia hacia miembros de la Comisión Directiva de ATE, por irregularidades en el manejo del comedor. Esa denuncia, extrañamente, recayó en la fiscalía de Juan Cruz Condomi Alcorta”, apuntó González, ya que el fiscal “en ese momento era fiscal de flagrancia, por lo tanto su ámbito de competencia eran los hechos que ocurrían en la flagrancia y no en las investigaciones que ya habían pasado en otros tiempos”. 

Según describió González, el fiscal Condomi Alcorta es designado por el procurador general Julio Conte Grand para que lleve adelante la investigación de la causa. 

“En el tramo de la investigación entre las pericias que pide el fiscal, hay una pericia que inicia la Prefectura Naval Argentina sobre una orden de compra por 95 millones de dólares, de chapa naval para la construcción de cuatro embarcaciones. Sin los planos aprobados ni certificados por la Sociedad Certificante, y ese dinero se direcciona a una empresa que se llama “White Sea”, que es una empresa offshore”, detalló la legisladora oficialista. 

En ese marco, y cuando los peritos corroboran esta situación entregan el informe pericial al fiscal Condomi Alcorta, “donde se habla de la situación del comedor, que había una faltante de boletas, situación que se podía solucionar con una multa, porque la malversación no existía en el caso del comedor. Y también se acompaña en el informe pericial con pruebas documentadas sobre la orden de compra”.

“Cuando Condomi Alcorta va a elevar el auto de imputación, que lo hace contra los miembros de ATE, en unas de sus fojas dice que ‘si bien la pericia tiene una información de relevancia, no merece reproche penal’. Archiva esa causa y no la investiga”, aseguró Susana González a este medio. 

En la denuncia presentada la semana pasada ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla, solicita que se investigue la empresa “White Sea”, por la que se redireccionaron los 95 millones de dólares, y que tiene como gerente general a Ricardo López. 

Cabe mencionar que durante la gestión de Capdevila, se impulsó una fuerte reducción del personal de planta de la Dirección del Astillero, en donde “se reemplazaron 7 gerentes, 2 de ellos de carrera dentro del Astillero, y se nombró al Sr. Ricardo López, como Gerente, Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos, quien se desempeñaba como Agente de Inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia”, lo que lo dejaría envuelto en esta causa de corrupción. 

“Esta denuncia es sobre un delito, que es la malversación de causales públicos, donde participaron agentes de la AFI, quedándose con dinero que no sé si eran para ellos o propiciaban para que este dinero caiga en funcionarios provinciales y nacionales”, recalcó la diputada González. Y agregó: “Además, está acompañada por las de este depósito de 95 millones de dólares y los detalles de cómo fue el entramado para que la causa quedara en manos del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta”.

EL ROL DEL PROCURADOR GENERAL 

En la causa se denuncia penalmente al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Al ser consultada por su rol en esta investigación, la diputada expresó que “su rol fue designar a Condomi Alcorta para direccionar esta causa”. 

“Lo que estoy mostrando es un hecho de corrupción por 95 millones de dólares y cómo el direccionamiento de Conte Grand ha permitido que esta causa quede en la nada”. 

En este sentido, y demostrando en la denuncia el entramado Judicial para ocultar esta causa por corrupción, la diputada expresó que “todo este me genera saber que nunca las causas que se acompañan con mucha prueba, como en el caso de los aportantes truchos termina siendo investigada y llevada a Comodoro Pro o Py. Espero que la Justicia llegue a su fin, confío en el Juez en donde recayó la causa en Alejo Ramos Padilla”. [El Teclado]