La procuradora general Alejandra Gils Carbó llevaba cinco años en el cargo, tras recibir el apoyo del Senado nacional (con 63 votos a favor y 3 en contra) y ser nombrada por decreto bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner.  

Su experiencia y reputación como jefa de fiscales se vieron opacados por su afinidad al kirchnerismo y su participación en la agrupación Justicia Legítima, lo que le valió la enemistad del nuevo gobierno. El presidente Mauricio Macri se refiró en reiteradas ocasiones a Gils Carbó, a quien acusó de no tener "autoridad moral" para continuar en el cargo y tener una "manifiesta militancia" política.

Cabe destacar en este punto que el cargo de procurador/a general de la Nación es vitalicio, aunque existen ciertos métodos jurídicos e institucionales que hubiesen permitido su desplazamiento: entre otros el juicio político y, como venía evaluando el gobierno, la utilización de un decreto. 

EN APRIETES CON LA JUSTICIA 

Gils Carbó enfrenta un procesamiento del juez Julián Ercolini -quien también procesó a CFK en la causa Hotesur- por el delito de "administración fraudulenta" en calidad de coautora. 

Para el magistrado, la máxima representante del Ministerio Público Fiscal se encargó de dar "apariecia de legitimidad" al proceso administrativo de compra de un edificio de la Procuración, ubicado en Perón al 600 (CABA). 

Según la Justicia, se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que superaron los 10. Así, acorralada por esta causa y un gobierno paciente pero persistente en su objetivo, Gils Carbó le envió la carta de renuncia al presidente Macri, adelantando su salida el próximo 31 de diciembre. 

Y ya circulan nuevos nombres. Por supuesto, el del fiscal José María Campagnoli, de marcado sesgo anti K, quien ya salió a aclarar que no le han hecho "ningún tipo de ofrecimiento". [El Teclado]