En la misma dirección que el gobierno nacional, María Eugenia Vidal impulsa un pacto fiscal con intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reducir el gasto público y lograr la tan ansiada austeridad.
Así, quienes adhieran voluntariamente al pacto -que tendrá carácter de ley- deberán lograr algunas cosas. Primero, que el gasto municipal aumente al ritmo de la inflación sin desbocarse. Segundo, mantener la planta municipal en sintonía con el incremento poblacional, que actualmente se estima en 1.5 por ciento anual.
Tercero, que el endeudamiento local no supere el 8 por ciento de los recursos; y cuarto, el compromiso de dejar las arcas municipales ordenadas para sus sucesores. De cumplir con estos requisitos, la Provincia los autorizará para contraer deuda y asistencia financiera en caso de catástrofes o necesidad.
Inquietan en algunos intendentes las consecuencias de no cumplir. "Quieren controlar las cuentas municipales, pero la verdad es que no pueden hacer eso porque la autonomía de los municipios está reconocida en la Constitución Nacional", disparó Francisco "Paco" Durañona, intendente de San Antonio de Areco, en diálogo con el portal Diario Contexto.
El jefe local kirchnerista apuntó que el gobierno busca "pasar por encima de las autonomías municipales, pero no por este proyecto sino por el desprecio absoluto con que tratan a los municipios".
"Esto de querer poner de rodillas a gobernadores e intendentes a partir del cuánto te doy no es de un país moderno, sino que nos lleva al peor de los pasados, de un poder unitario y centralista con el látigo y la billetera", añadió el dirigente de Unidad Ciudadana.
De aprobarse la modificación de la Ley 13295 (Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal), los municipios podrían adherirse a través de sus Consejos Deliberantes y así obtener "nuevos endeudamientos, avales y garantías para fideicomisos y ayudas financieras" por parte del gobierno bonaerense.
Uno de los puntos que más preocupa a los intendentes del Conurbano y el interior bonaerense es la cuestión de la planta municipal y las limitaciones para contratar. Recordemos el caso de Moreno con Walter Festa, quien debió afrontar el reclamo salarial de sus municipales y a la vez un pedido de la Provincia para que recorte. Se espera que las comunas oficialistas, en cambio, salgan más airosos en ese punto del pacto. [El Teclado]