La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPyPSVN), junto al Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) convocaron a una conferencia de prensa este miércoles, preocupados por las consecuencias que Corredores Viales S.A. podría implicar para las rutas y autopistas nacionales. 

Ambos entes calificaron la decisión del gobierno como "antidemocrática e inconsulta", ya que la empresa fue creada a través del decreto 794/17. "Reemplazar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por 'Corredores Viales S.A.' implica la posibilidad de terminar definitivamente con las acciones, competencias y controles ineludibles de un organismo del Estado nacional que evidentemente perturba los negocios e intereses de la “patria contratista”, los amigos del poder, y molesta el accionar de las empresas que conforman el selecto y nefasto 'club del peaje'", advirtieron en un comunicado. 

"De concretarse este atropello, las rutas, autopistas, autovías y obras viales, y en definitiva toda la red vial nacional, pasarán a ser instrumentos de negocios particulares de unas pocas empresas privilegiadas y engranajes de un círculo vicioso de hiper endeudamiento externo y fuga de capitales. Una hipoteca a largo plazo que hoy pocos pueden advertir, pero que mañana las próximas generaciones de argentinos deberán con mucho esfuerzo hacerse cargo de estos multimillonarios pasivos en moneda extranjera contraídos con total irresponsabilidad a través de estos mecanismos", añadieron. 

En ese punto, remarcaron que con esta medida el gobierno obliga a sus empleados a salir de la órbita estatal para comenzar a trabajar en un ente privado, y esto conlleva una pérdida de derechos. "La DNV deja de operar bajo la órbita del Estado nacional para pasar a ser una “S. A.” bajo las reglas de la Ley de Sociedades, sin licitaciones públicas ni reclamos por vías administrativas, y fuera de los controles propios de cualquier ente estatal", puntualizaron. 

Y reclamaron que "antes de tomar este tipo de resolución, se debería haber convocado al personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a las entidades de usuarios viales directos e indirectos y pudiendo participar en la toma de decisiones que deben darse en defensa del interés general". [El Teclado]