El
senador de la Sexta sección, David Hirtz, se refirió a la muerte de Daiana
Abregú, la joven que el pasado 5 de junio fue detenida por una contravención
menor de “alteración del orden público” y horas más tarde apareció ahorcada en
la comisaría de Laprida, y reclamó que la justicia se expida sobre el caso. "Este suceso es dramático y deberíamos
ocuparnos en que se investigue correctamente”, dijo el legislador oriundo de
Adolfo Alsina.
El
planteo de Hirtz sucedió después de que la Comisión por la Memoria (CPM) difundiera
un informe en el que denuncia que, a contramano de las versiones policiales que
hablaban de suicidio, la reautopsia reveló que en el cuerpo de la joven de 26
años “no se encontraron en el cuello y vías superiores, marcas o lesiones
compatibles con un lazo de ahorcamiento”.
“Lo revelado hasta aquí es de una gravedad institucional extrema y necesita ser contemplado en la causa a fin de arribar a los verdaderos hechos que derivaron en la muerte de Daiana para posibilitar su esclarecimiento, todos los actores sociales debemos abogar por conseguir justicia”, señaló Hirtz en un comunicado y agregó: “Este suceso es dramático y deberíamos ocuparnos en que se investigue correctamente”.
En
esa línea, indicó que en el Senado provincial se encuentran vigentes “dos
iniciativas parlamentarias relacionadas al tema” y que una es una solicitud de
informes dirigido al Poder Ejecutivo, que busca que se “transparente las
condiciones de detención que se dieron ese día, quienes estaban presentes
durante el momento del fallecimiento y qué medidas se han abordado a raíz del
hecho”.
“Estamos
aguardando su tratamiento para recibir las respuestas que como Poder y como
representantes de los ciudadanos requerimos”, señaló.
En
la madrugada del pasado 5 de junio, Daiana Abregú fue detenida por una
contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los
calabozos de la comisaría de Laprida. Horas más tarde, de acuerdo a la versión
policial, la joven fue encontrada ahorcada en la celda.
La
segunda autopsia fue solicitada por la CPM en su carácter de particular
damnificado institucional cumpliendo con su función de Mecanismo Local de
Prevención de la Tortura. Según se desprende del informe difundido por el organismo, aun cuando se observaban irregularidades en
la primera autopsia, que se realizó sin contemplar el protocolo de Minnesota
(estándar mínimo internacional para el estudio de las muertes bajo custodia
estatal), el fiscal a cargo Ignacio Calonje defendió el estudio, oponiéndose
durante semanas a la realización de una nueva investigación.
“Este
resultado y otras pruebas que constan en el expediente obligan a profundizar la
hipótesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que
fraguaron la escena de la muerte”, señala el informe difundido por el organismo
de DD.HH. en el que se plantea que la joven no se suicidó.