El senador de la Sexta sección, David Hirtz, se refirió a la muerte de Daiana Abregú, la joven que el pasado 5 de junio fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y horas más tarde apareció ahorcada en la comisaría de Laprida, y reclamó que la justicia se expida sobre el caso. "Este suceso es dramático y deberíamos ocuparnos en que se investigue correctamente”, dijo el legislador oriundo de Adolfo Alsina.

El planteo de Hirtz sucedió después de que la Comisión por la Memoria (CPM) difundiera un informe en el que denuncia que, a contramano de las versiones policiales que hablaban de suicidio, la reautopsia reveló que en el cuerpo de la joven de 26 años “no se encontraron en el cuello y vías superiores, marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento”.

“Lo revelado hasta aquí es de una gravedad institucional extrema y necesita ser contemplado en la causa a fin de arribar a los verdaderos hechos que derivaron en la muerte de Daiana para posibilitar su esclarecimiento, todos los actores sociales debemos abogar por conseguir justicia”, señaló Hirtz en un comunicado y agregó: “Este suceso es dramático y deberíamos ocuparnos en que se investigue correctamente”.

En esa línea, indicó que en el Senado provincial se encuentran vigentes “dos iniciativas parlamentarias relacionadas al tema” y que una es una solicitud de informes dirigido al Poder Ejecutivo, que busca que se “transparente las condiciones de detención que se dieron ese día, quienes estaban presentes durante el momento del fallecimiento y qué medidas se han abordado a raíz del hecho”.

“Estamos aguardando su tratamiento para recibir las respuestas que como Poder y como representantes de los ciudadanos requerimos”, señaló.

En la madrugada del pasado 5 de junio, Daiana Abregú fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los calabozos de la comisaría de Laprida. Horas más tarde, de acuerdo a la versión policial, la joven fue encontrada ahorcada en la celda. 

La segunda autopsia fue solicitada por la CPM en su carácter de particular damnificado institucional cumpliendo con su función de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Según se desprende del informe difundido por el organismo, aun cuando se observaban irregularidades en la primera autopsia, que se realizó sin contemplar el protocolo de Minnesota (estándar mínimo internacional para el estudio de las muertes bajo custodia estatal), el fiscal a cargo Ignacio Calonje defendió el estudio, oponiéndose durante semanas a la realización de una nueva investigación.

“Este resultado y otras pruebas que constan en el expediente obligan a profundizar la hipótesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que fraguaron la escena de la muerte”, señala el informe difundido por el organismo de DD.HH. en el que se plantea que la joven no se suicidó. [El Teclado]