7 Sep 2024 - Edición Nº2692
La Plata, Bs As
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De acuerdo a un relevamiento realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional y la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral, a un año de la sanción de la Ley 27.636, el Estado nacional contrató a 313 de las 5.551 personas que deberían ingresar, es decir sólo un 5,64%.
“A este ritmo, se tardarían 18 años en completar el 1% de la planta establecido por la legislación”, dice Florián Vives, integrante de la Asamblea TTNB.
“La expectativa de vida dada por la determinación social de las personas travesti, trans y no binarias hace que no puedan esperar 18 años para entrar; nos morimos en el camino de la aplicación de la Ley”, destaca ante la consulta de El Teclado.
Y agrega que “esto se encuentra en el marco de una problemática que vemos de manera recurrente con las leyes que se promulgan, cuya dificultad aparece en la aplicación y el efectivo cumplimiento”.
“De hecho el jueves pasado se cumplió un año del decreto que incorpora la X al campo sexo en el DNI. En el mismo decreto dice que se otorga un plazo de 120 días para adecuar la estructura administrativa, y todavía no se ha adecuado”, asegura.
La Ley de Cupo laboral sancionada por el Congreso en junio de 2021 estipula que “las personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad, deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total”.
De acuerdo al relevamiento realizado por las organizaciones, la demora en la incorporación de trabajadoras y trabajadores del colectivo trans, travesti y no binario es sólo una de las problemáticas: el informe evidencia además que únicamente el 14% de las personas contratadas tiene más de 40 años, que el 84% tiene un contrato temporario y que el 91% de los ingresos se produjeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
“La expectativa de vida dada por la determinación social de las personas travesti, trans y no binarias hace que no puedan esperar 18 años para entrar; nos morimos en el camino de la aplicación de la Ley”. Florián Vives
También un 35% manifiesta que no se respeta su identidad autopercibida en el trato cotidiano con los equipos de trabajo, en los sistemas informáticos y en las comunicaciones oficiales.
“Las personas trans y travesti que ingresan al trabajo se encuentran muchas veces con resistencias, prejuicios, desinformación y oficinas que no fueron adecuadas -por ejemplo las de Recursos Humanos- para desempeñarse con personas de la comunidad LGTTBQ+”, sostiene a El Teclado Clarisa Gambera, directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional.
La
sindicalista feminista hace especial hincapié en las edades de quienes empiezan
a trabajar en el Estado.
“Están
entrando muy pocas personas de las que se autodefinen como ‘sobrevivientes’,
mayores de 45 años, que tienen trayectorias y experiencias educativas y laborales
muy difíciles”, asegura.
Pero,
como contrapartida, analiza que “a través de esta política pública, un montón
de personas muy jóvenes van a tener trayectorias muy distintas, y eso es una
novedad”.
En
ese sentido, Gambera señala que “entre quienes están ingresando, hay personas
que están terminando sus estudios terciarios, hay gente joven que asume su
identidad autopercibida, cuyas familias pueden alojar esa identidad sin que eso
les genere una conflictividad. Son personas que no van a tener la experiencia
vital de haber tenido que migrar de sus casas, de haber quedado en soledad, de haber
tenido que –por ejemplo- ejercer la prostitución sin margen de elección”.
El informe demuestra además que a pesar de que el 96% de
las personas contratadas tiene cobertura de salud, el 58% tiene dificultades
para acceder a los tratamientos transicionales.
Para quienes realizaron el estudio esto no resulta una sorpresa. “Ni siquiera en todos los territorios hay espacios que garanticen la salud transicional, cuando la Ley de Identidad de Género tiene 10 años y eso está incorporado en el Plan Médico Obligatorio”, dice Vives.
“Están entrando muy pocas personas de las que se autodefinen como ‘sobrevivientes’, mayores de 45 años, que tienen trayectorias y experiencias educativas y laborales muy difíciles”. Clarisa Gambera
Y añade que “las prepagas se permiten no afiliar o exigir el pago de un adicional por ser trans; y no se autorizan o se ponen un montón de obstáculos administrativos para autorizar los tratamientos de adecuación corporal”. [El Teclado]
“No somos
únicamente nuestra identidad de género”
“Este tipo de leyes tiene que ver con poder saldar, de alguna manera, la desigualdad que implica el cissexismo estructural, el binarismo de género”, afirma Florián Vives, integrante de la Asamblea TTNB por la Salud Integral.
Y
acota que “nosotres creemos que es importante que se pueda correr el foco sobre
lo transespecífico para ponerlo en el cissexismo estructural que segrega. Y eso
es hacia el interior de los sindicatos, de las escuelas, de los espacios
laborales, porque si no es muy difícil la permanencia”.
En
este marco –considera Clarisa Gambera-
“es novedoso pensar qué lugar ocupa el sindicato en la conciliación de esta
nueva política pública”.
“Esta
Ley abrió un campo nuevo, que es el campo de la organización en términos de
identidad de clase para quienes venían organizándose como comunidad en función
de sus derechos. En ese sentido el sindicato también tiene que rever sus
prácticas”, sostiene la directora del Departamento de Género y Diversidad de
ATE Nacional.
Para finalizar, Vives remarca que “somos personas
complejas atravesadas por un montón de variables; no somos únicamente nuestra
identidad de género”.
“Sucede que, en la estructura del sistema, tener una
identidad de género que no se ajusta a la hegemonía binaria heterocissexista
nos ubica en el lugar de tener que darle una relevancia particular a la
identidad de género porque es en ese lugar en el que se nos vulnera todo el
resto de los derechos”, concluye.
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