Excombatientes solicitaron este martes a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, que revise una pensión honorífica que recibe el exmilitar Aldo Rico, ya que hay un decreto que "impide acceder al beneficio a quienes fueron sancionados por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática", explicaron.

En una nota dirigida a Raverta, la Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA), colectivo que agrupa a exsoldados y civiles que participaron de la guerra, advirtió "irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la Ley 23848".

El grupo recordó que el viernes 22 de julio transcendió un video en el que Rico, "recordado por todos los argentinos como un desestabilizador del sistema democrático, lanza una proclama cuyas manifestaciones fueron repudiadas por antidemocráticas y desestabilizadoras."

Ante este episodio, los excombatientes revisaron registros y observaron que Rico es beneficiario de la Pensión Honorífica, por lo que pidieron "su revisión y que se verifique si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6° del decreto 1357/04, al tratarse de recursos que surgen del erario público".

"Esta norma (la ley 23848) otorga la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, un reconocimiento basado de los méritos y honores, de carácter no contributivo y graciable, que constituye en verdad un instituto de reconocimiento, puesto que excede los estándares de los derechos previsionales ordinarios" y que, por ende, "corresponde que al interpretarlo se aplique un temperamento preciso y restringido".

En este sentido, explican que el Poder Ejecutivo Nacional consideró "de suma importancia establecer" a través del artículo 6 del decreto N°1357/04 cuáles eran los supuestos de gravedad que impedían el acceso al beneficio honorífico.

En ese punto, menciona que "los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto”.

"Desde nuestras organizaciones bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las FF.AA durante la dictadura cívico militar. Posteriormente, ya recuperada la democracia, miembros de las FF.AA y de Seguridad cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos militares en los años 1987, 1988 y 1990", indicaron estos excombatientes a través de u comunicado.

Por último, ofrecieron "contribuir" desde la experiencia y conocimiento "para que la impunidad no sea premiada".

Este lunes, dos jueces federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas por "amenaza de rebelión" contra el exmilitar carapintada, a raíz de sus dichos en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia presentada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, en tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que había hecho el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. [El Teclado]