El Concejo Deliberante de Escobar aprobó el primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios y Usuarias del país. La ordenanza, impulsada por el Departamento Ejecutivo, permitirá intensificar políticas de educación e información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos en el partido. Fue aprobada por 15 votos a favor y 7 en contra.
“Este código pone nuevamente al partido de Escobar a la vanguardia. En principio, lo que hace es ordenar jurídicamente todas las normas que rigen o tutelan los derechos de los consumidores y los usuarios. Clarifica el procedimiento y eso permite que la población gane derechos cuando ocurre alguna situación de conflicto por una relación de consumo que esté contra la normativa”, expresó la presidenta del HCD, María Laura Guazzaroni.
El proyecto contó con la colaboración y coautoría del abogado y especialista en la materia Dante Rusconi y la Asociación Justicia Colectiva, una asociación civil sin fines de lucro constituida principalmente para defender los derechos de consumidores y trabajadores.
La iniciativa fue apoyada por la totalidad de los concejales del Frente de Todos y por dos concejales de la oposición: el del monobloque de Avanza Libertad y uno de Juntos. Los siete votos en contra fueron del resto de los legisladores de Juntos presentes en el recinto.
“Aquellos concejales y concejalas que se opusieron a este código, lo hicieron desde el desconocimiento y desde la desinformación. Tampoco vinieron a la reunión informativa sobre este tema, que se desarrolló ayer, en este mismo recinto”, sostuvo la concejal y presidenta de la comisión de Interpretación y Reglamento Verónica Sabena.
Este nuevo marco jurídico permitirá intensificar políticas de educación e información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos. A través de esta ordenanza también se clarifica y adecúa el sistema normativo local, asignando competencias y clarificando los procedimientos que hacen al Derecho del Consumidor. A su vez, se agregaron innovaciones que han surgido a partir de la experiencia de la aplicación de la ley nacional y provincial, como por ejemplo las audiencias por medios digitales.