La jueza federal Sandra Arroyo Salgado abrió un nuevo frente dentro de la interna de Juntos por el Cambio, tras denunciar públicamente que ex funcionarios de María Eugenia Vidal estuvieron detrás de su apartamiento en una causa por narcotráfico, en la que investigaba los vínculos de un fiscal, 40 policías de la bonaerense y funcionarios judiciales en la comercialización de drogas.

La denuncia de la magistrada apunta a Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal y actual diputado nacional, quien también fue señalado por Elisa Carrió como uno de los funcionarios que está fuera de las conductas éticas que necesita Juntos por el Cambio.

En una entrevista con La Nación+, la magistrada detalló que en el curso de la investigación en una causa por narcotráfico “avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”.

Quienes pidieron su apartamiento de la causa “fueron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

“Uno de ellos fue el Jefe de Gabinete del Sr. (Cristian) Ritondo, durante su gestión en el ministerio de Seguridad. El otro de los letrados, fue asesor de (Emilio) Monzó”, aseguró Arroyo Salgado. El primero de los letrados, se trata de Marcelo D’Angelo, ex asesor de Ritondo cuando este fue ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019.

Pese a que "el presidente de la Cámara de San Martín me mantiene pero van a Casación y Mariano Borinsky, en un pronunciamiento inédito declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación", expuso la jueza. Cabe recordar que Mariano Borinsky es uno de los jueces señalados por visitar la Quinta de Olivos, durante la presidencia de Mauricio Macri. 

La causa tiene como principal imputado al fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, acusado de ser jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.

Quién pidió el apartamiento de la jueza, fue el funcionario judicial, Maximiliano Jarisch, secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro que conducía el fiscal Scapolan. Además, es uno de los imputados de la causa, y su abogado fue Marcelo D’Angelo, quien recusó a la jueza Arroyo Salgado. 

“La Justicia está muy politizada”, sentenció Arroyo Salgado, en el marco de las denuncias públicas que realizó.

“Hubo en el ínterin comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un loby de la política, del massismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta”, aclaró la jueza.

“Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, sentenció y agregó que “a los seis meses fui apartada de otra investigación, que llevaba tres años. Cambian de abogado y termina siendo un asesor de Ritondo, el Dr. Marcelo Rocchetti, quien me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”. 

“La Justicia está muy politizada”, sentenció Arroyo Salgado, en el marco de las denuncias públicas que realizó, y que involucran a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, a los actuales diputados nacionales Cristian Ritondo y Emilio Monzó, funcionarios judiciales y a oficiales de la policía bonaerense. 

El Teclado intentó comunicarse con las y los distintos referentes del PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical pero ninguno emitió opinión alguna. El único espacio que hizo referencia a la denuncia pública de Arroto Salgado fue el Frente de Todos y el Frente de Izquierda. 

En este sentido, la diputada oficialista Susana González, expresó a este medio que “lo que denuncia tardíamente Arroyo Salgado forma parte de lo que venimos denunciando y sosteniendo desde hace mucho tiempo: No vinieron a combatir el narcotráfico, vinieron a utilizar los servicios de inteligencia para espiar y armar causas y no a investigar el narcotráfico”. 

“Recordemos el tiroteo en la estación de servicio donde se enfrentaron dos bandos de la policía”, deslizó la diputada González. 

La legisladora hace referencia al enfrentamiento a tiros entre la policía Federal y la Bonaerense en Avellaneda, en 2019, y que dejó como saldo un comisario muerto. En el marco de una causa por narcotráfico en el que la policía de la provincia de Buenos Aires había llegado hasta allí para cobrar una coima a la pareja de un presunto dealer que antes los había denunciado por extorsión. En este marco, la policía Federal había preparado un operativo para detenerlo, lo que terminó en un enfrentamiento entre ambas fuerzas. 

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Kane dijo que “las denuncias a Ritondo de complicidad con narcos surjan por la sangrienta interna de Juntos no quiere decir que no sean ciertas. Si habla de quienes no denuncian la corrupción sino que se guardan los carpetazo para usar según su conveniencia. Todo un régimen podrido”.

“Las denuncias contra Ritondo deben ser investigadas, y también el alcance de las bandas narcos en la bonaerense. Este año pedimos interrelación de Berni cuando saltó otra banda de narcopolis en Puerta 8 y se siguen haciendo los distraídos”.

La denuncia pública de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se da en el marco de la fuerte interna que está atravesando Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones 2023, y tras las fuertes declaraciones que hizo la ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. [El Teclado]