El fiscal Diego Luciani solicitó este lunes la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Kirchner, de 69 años, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año; informó Ambito Financiero. 

Las medidas también incluyen a otros funcionarios públicos. Además, la fiscalía solicitó el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Sergio Mola- se defraudó al Estado.

En otra enérgica exposición en el tramo final de la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2), Luciani consideró que Cristina y los demás acusados llevaron adelante "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con "ánimo de lucro y codicia".

El alegato acusador comenzó esta mañana pasadas las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py en la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

LA REACCIÓN DEL PRESIDENTE