La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el oficialismo, que permitirá contar con una herramienta para sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción contra la administración pública, luego de que el Senado aplicara cambios al proyecto que originalmente había aprobado la Cámara baja.

El proyecto del diputado César Torres, presentado en la Legislatura bonaerense, plantea que "la amenaza de sanción a las personas jurídicas y la posibilidad cierta de mitigar su responsabilidad cuando hubieran colaborado en la prevención y detección de los delitos contra la administración pública, son herramientas para aumentar la prevención de la corrupción y, al mismo tiempo, robustecer la eficacia en la persecución y el castigo a los partícipes individuales".

Otro de los argumentos de la iniciativa que el vicepresidente del interbloque de Cambiemos presentó en la Cámara baja bonaerense el jueves pasado radica en la importancia de ley nacional dentro de los estándares mundiales, según publica Ambito.com.

"La ley está en línea con las legislaciones de los países que cuentan con sistemas consolidados de responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de corrupción, como España, Estados Unidos, Brasil y Chile", especifica.

"Convencidos de que la sanción de la Ley Nacional N° 27.401 constituye un avance en materia de prevención y lucha contra la corrupción, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley", concluye el texto de Torres que buscarán debatir esta semana en el marco de la discusión parlamentaria de Presupuesto y Ley Impositiva.

Entre otros puntos, la normativa sancionada la semana pasada en Diputados se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances. [El Teclado]