La familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven estudiante de la Facultad de Periodismo que murió ahogada en el 2016 en una fiesta clandestina en La Plata, presentará una nueva recusación contra la fiscal Graciela Riveros luego que la funcionara amenazara a los damnificados con iniciar acciones judiciales por criticar su desempeño institucional.
El
martes pasado el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata integrado por los jueces
Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini decidió postergar el inicio
del juicio oral y público, previsto para el 25 de octubre
“Se
atendieron los planteos efectuados por los abogados defensores de los cinco imputados
en la causa, quienes dijeron que debían estar presentes en otros juicios y
porque debían cumplimentar pruebas pendientes y no alcanzaban los días”,
explicó a El Teclado, el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez
Antinao
Los
acusados, que serán juzgados por el delito de "homicidio simple con dolo
eventual y desobediencia", son los empresarios Carlos Bellone, Raúl
García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
Bellone
era el dueño de la quinta donde el 1 de enero de 2016 se realizó el evento,
Piedrabuena y Haramboure están acusados como los organizadores de la fiesta
clandestina, mientras que García fue quien consiguió las bebidas alcohólicas
que se consumieron.
También será juzgado el entonces secretario de Seguridad de la municipalidad de La Plata, Daniel Piqué, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La
decisión fue cuestionada por la Asociación Civil Miguel Bru, desde donde
calificaron de “vergonzosa” la decisión.
“Es
vergonzoso que después de 6 años se suspenda el inicio del juicio y encima la
fiscal Graciela Riveros, que debe acusar a los imputados, está más cerca de
defenderlos y se pone en contra de la familia de Emilia” expresó Rosita Bru,
presidenta de la AMB, al finalizar la pre audiencia del proceso que iba a
comenzar el 25 de octubre.
Durante
la audiencia preliminar la familia recusó a la fiscal Graciela Riveros porque
observaron que “tenía una posición convalidante a los pedidos de los abogados
defensores y estaba negociando distintos acuerdos de impacto sobre el juicio
oral y público que afectaban a nuestros intereses”.
Sin
embargo, el tribunal, rechazó el planteo.
Según
Rodríguez, luego de esta definición la fiscal amenazó a la familia de la joven “con
iniciar acciones legales porque un día antes se habían expresado ante la
opinión publica en forma desfavorable a su desempeño institucional”, lo que
motivó en una nueva presentación contra la titular de la Unidad Funcional de
Juicio Nº1 de La Plata
“La
fiscal debe entender que es una funcionaria pública y que de ninguna manera se
puede abstraer del control que hacen los ciudadanos a su labor ni muchos menos
cercenar su libertad de expresión y prohibir que tengan contacto con los medios
de comunicación”, señaló el abogado, quien a manera de prueba solicitará el
audio de la audiencia preliminar del 18 de octubre pasado y la declaración de Juan
Uscamayta, Eugenia Curi, Rosa Bru, los letrados que patrocinan al particular
damnificado, Edgar Uscamayta, Cintia Mancilla y Juan Martín Malpeli.