El día 20 de octubre a se realizó la presentación oficial de los resultados nacionales del Indicador Familiar de Acceso a Derechos (IFAD) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la que se expusieron datos alarmantes sobre el acceso a derechos esenciales de las familias en los barrios populares. Se logró entrevistar a 31.525 referentes de hogares de familias que asisten a comedores y merenderos de barrios populares.

Cuando el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana realizó el relevamiento la Canasta Básica Total costaba $125.978 y la Canasta Básica de Alimentos $55.734, teniendo en cuenta esta información, se evidenció que casi el 100% de los hogares relevados contaba con ingresos debajo de la línea de pobreza y al menos 2 de cada 3 hogares tenía ingresos eran por debajo de la línea de indigencia; es decir el 65,5% de los hogares tienen ingresos inferiores a los $45.000.

Entre otro de los datos a resaltar, que surgen del IFAD es que, en relación a los Programas de Transferencias de Ingresos del Estado Nacional, 9 de cada 10 hogares reciben alguno y en promedio cada hogar recibe 1.5 programas.

Al momento de la medición, sólo el 17% de los hogares tenía acceso a un empleo registrado mientras que el 83%, (26222 hogares), no tenía integrantes con empleo registrado, es decir no cuentan con los aportes a la seguridad social y jubilación.

Las personas respondientes fueron casi universalmente mujeres, en consonancia con la premisa de ser responsables de la alimentación en los hogares, lo cual confirma que las tareas de cuidado están casi excluyentemente sostenidas por las mujeres. Asimismo, en relación con la edad, mayoritariamente 8 de cada diez mujeres tienen entre 25 y 50 años.

En relación con el tamaño de los hogares relevados, estos tienen un promedio de 4.8 miembros, en coincidencia con datos del INDEC para hogares con niños y el relevamiento abarcó a 79.063 niñes y adolescentes, lo cual arroja un promedio de 2.5 niñes por hogar.

El IFAD arrojó otros datos contundentes, 7 de cada 10 hogares (el 70%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Al respecto, se debe tener en consideración que la inseguridad alimentaria ocurre cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos; operativamente, se define como “la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar” y en este sentido, un 64,3% de las familias relevadas han tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% ha tenido que suprimir una de las 4 comidas diarias.

En cuanto a las privaciones recientes de alimentos en el último mes, el 70% de las familias entrevistadas refiere en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero.

El poder adquisitivo de las familias entrevistadas ha disminuido ostensiblemente respecto de fines del año 2021. El 90% manifestó comprar menos alimentos que hace un año atrás y el 70% manifestó haber tenido que elegir productos de menor calidad. El 74.4% de las familias que compran menos que antes destacan que los alimentos son de menor calidad.

Con toda esta información, se evidencia de forma más que clara, la plena vulneración al Derecho al Acceso a la Alimentación de las familias que viven en barrios populares y asisten a comedores y merenderos.

En relación al Derecho a la Salud, del IFAD se extrajo que 9 de cada 10 hogares relevados tienen acceso solo a sistema público de salud. En el todo el país, 6 de cada 10 familias pueden acceder a una unidad sanitaria a menos de 10 cuadras de su hogar, mientras que el 70% tiene que desplazarse a más de 30 cuadras para acceder a un Hospital Público. Es decir que 1 de cada 5 hogares no tiene una unidad sanitaria cercana.

Además, 1 de cada 4 hogares tiene al menos algún miembro con enfermedad crónica o discapacidad. En el 29,1% de los hogares donde hay una discapacidad, no se pudo sostener el tratamiento en el último año. Entre los principales problemas que señalan los entrevistados se destacan la dificultad de obtener turnos de especialidades y profesionales y horarios limitados de atención.

La presentación del Indicador Familiar de Acceso a Derechos estuvo a cargo de Isaac Rudnik (Director Nacional del ISEPCi), Laura Lonatti (Coordinadora Nacional del Área de Salud Colectiva) y el equipo técnico encargado de procesar los datos obtenidos integrado por: Agustina Márquez, Federico Rámirez, Pilar Sanjurjo Murujosa, Fernando Longhi, Rodrigo Sanmartin y Lidia Aufgang. 

El nuevo indicador permitió analizar más dimensiones como alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación, entorno, infraestructura y conectividad. Además, se pudo aumentar la cantidad de personas encuestadas en el marco de un proceso de Investigación Acción Participativa.

Fue así, que durante los meses de julio y agosto se desplegó este monitoreo de carácter nacional en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.