Julio Garro [Foto: El Teclado - archivo]

Quince días después de la primera reunión, legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio están reunidos con el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; y la vicegobernadora Verónica Magario, en la Legilatura bonaerense. El tema en cuestión: el presupuesto 2023.

Hacia el edificio de calle 6 fueron los jefes comunales Julio Garro (Pro puro, de La Plata) y Miguel Fernández (radical, de Trenque Lauquen); y los presidentes de bloques Christian Gribaudo y Maximiliano Abad.

En rigor, esta es la segunda reunión que tienen los referentes de la oposición con los funcionarios de la provincia. A principios de mes, pusieron sobre la mesa el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el presupuesto. 

“Es importante contarles que nosotros vamos a atar la aprobación del presupuesto de la provincia al cumplimiento previo de un montón de obligaciones contraídas con los intendentes que no se han cumplido: desembolso del FIM 2021, Leasing, un dinero que IOMA le debe seguramente a varios intendentes, la falta de pago en fondos.  Ordenado eso, podemos empezar a discutir el presupuesto y cómo podemos acompañar”, dijo Garro en ese momento.

Y agregó que “otro de los temas fue empezar a trabajar en nuevo Fondo de Infraestructura Municipal y un nuevo Fondo de Seguridad para este presupuesto, que se aplicaría en el 2023”.

En este sentido, pidieron 82 mil millones de pesos para los 135 intendentes: 50 mil millones para obras y 32 mil millones para seguridad. Y sumaron al pedido que no exista discriminación de fondos con los municipios donde gobierna la oposición. 

Asimismo, los intendentes de Juntos solicitaron "una compensación del FIM 21 con el 22, que tiene que ver con que en su momento se otorgó con un 36% proyectado en inflación y hoy estamos en un 90%; eso da un reajuste de 4.800 millones para municipios de Juntos y 5200 para los del Frente de Todos", según detalló Garro. 

Otro de los puntos en el debate del Presupuesto 2023, es la incorporación de siete mil nombramientos nuevos para el servicio penitenciario, y otras plantas permanentes en otras áreas. 

Al respecto, Garro dijo que “no queremos aprobar todos los cargos de una sola vez. El planteo es ir dándole al Ejecutivo los cargos a medida que se inauguran las cárceles. Estamos a disposición, no nos oponemos a que una cárcel no tenga personal. El tema es que por ahí aprobar 7 mil cargos de una sola vez y sin saber cómo es la capacitación, cómo es la preparación de esos agentes, al menos políticamente es muy confuso”. [El Teclado]