Seis años tenía
Mónica Sznaidman (55) cuando, por recomendación de una psicóloga, sus padres le
dijeron -a medias- la verdad: que no era su hija biológica.
Era el año 1973 y
faltaba bastante para que la palabra apropiación pasara a integrar el
vocabulario común de los argentinos.
Entonces, lo que
escuchó Mónica ese año, cuando tenía seis, fue que era “adoptada”. “Me dijeron
que había viajado en la panza de otra mamá porque mi mamá tenía la panza
averiada pero que mi destino era llegar a los brazos de ellos”, cuenta Mónica a
El Teclado.
Y sigue: “me
dijeron que mi mamá biológica no me podía tener. Con el tiempo empecé a sentir
esa cosa como de abandono y me surgieron un montón de preguntas: quién soy
realmente, tendré hermanos, qué habrá pasado para que me tenga que
entregar”.
Cuando sus padres
de crianza fallecieron -ambos de cáncer y a los 52 años- ella era una
adolescente y no tenía hermanos. Sola, empezó a buscar entre los papeles que
tenía y dio con el nombre de la partera que asistió su nacimiento -Francisca
Ofelia Pintos Lemos- y con el domicilio: Jufré 140, piso 2, departamento 9.
Hasta ese lugar fue pero, para su sorpresa, no había ninguna clínica, hospital
ni nada parecido a un centro de salud; en esa dirección se levantaba un
edificio de viviendas.
De a poco, y
gracias a un trabajo artesanal, fue recolectando más datos: que sus tíos
hicieron de nexo con la partera y que fueron los encargados de ir a buscarla
cuando estaba recién nacida; que cuando se la llevaron ese 2 de febrero de 1967
aún tenía el cordón umbilical y que sus futuros padres la esperaban en Villa
Crespo.
En 2015, a través
de Facebook, Mónica se contactó con otras 3 personas que estaban atravesando
algo parecido: sabían que no eran hijos o hijas biológicos de sus padres de
crianza y tenían también la certeza de que no habían sido adoptados.
Coincidían las
parteras que habían asistido sus nacimientos: Ofelia Pintos Lemos, Gregoria
Agra de Pasini y Rosa Martínes de Poggi, todas ya fallecidas. Coincidían
también los domicilios: el de Jufré 140 se repetía en varios casos.
En noviembre de ese
año se encontraron por primera vez y crearon el grupo “Por nuestra identidad”,
que hoy reúne a 70 personas nacidas entre 1956 y 1980, cuyas partidas de
nacimiento tienen la firma de alguna de esas 3 parteras.
Pero, al parecer,
existe una red de tráfico de bebés mucho mayor, que involucra -hasta el
momento- a 17 parteras y 4 médicos, casi todos fallecidos, que operaron en
Capital Federal y parte del conurbano bonaerense hasta avanzada la década del
‘80. Hasta hoy, la Red de Víctimas de Parteras Unidos congrega a 240 los
buscadores de identidad.
La apropiación de
bebés -que durante muchos años tuvo amplia aceptación social- implica la
sustitución de la identidad y la adulteración de documentación pública; los
dos, delitos previstos en el Código Penal de la Nación.
Las historias de
las personas apropiadas están repletas de secretos y mentiras. En casi todos
los casos la familia apropiadora levantó un muro de silencio para protegerse,
conscientes de que estaban haciendo algo por lo menos irregular, pero también
para evitar las preguntas incómodas que no tienen respuesta.
Algo así le sucedió
a Victorina Polimeni (44), que recién hace dos años se enteró de que no era
hija biológica de sus padres de crianza.
En septiembre de
2020 le pidió ayuda a su única hermana para trabajar sobre su árbol genealógico
como parte de un tratamiento de biodescodificación por una enfermedad que le
afectaba la piel.
“Antes de que sigas
con el árbol te voy a decir algo que ya te he dicho en otra oportunidad y que
no te acordás: yo no creo ser hija de mamá y papá”, le dijo su hermana por
teléfono, en plena pandemia.
“Yo nunca había
sospechado nada, de hecho me veía parecida a mi papá y a mi familia paterna, nunca
cuestioné ni tuve dudas sobre la historia de nuestros nacimientos, nunca revisé
la documentación”, relata Victorina a El Teclado.
Luego de una noche
de búsqueda descubrió que como lugar de parto no figuraba la clínica San Camilo
de Capital Federal, sino el domicilio
en el que vivía la familia en ese momento.
A esa primera noche
le siguieron muchas madrugadas de investigaciones: fotos, documentos, escritos
y, obviamente, la información que circulaba en las redes sociales. “Cuando
googleo el nombre de la partera, que era Gregoria Agra de Pasini, me encuentro
con una nota periodística reciente, titulada ‘Las parteras del horror’”, dice
Victorina.
Con todo ese
material, las hermanas se acercaron a su madre que, acorralada, les confesó.
“Nos dijo que papá era estéril y no podía tener hijos, y que por amor a él ella
había aceptado sin cuestionamientos que nosotras llegáramos a la familia a
través de una persona de su entorno”.
El relato que
siguió fue bastante crudo. “Mi mamá me contó que, estando ellos de vacaciones
en Corrientes, los llamaron al hotel y que, al llegar a un departamento ubicado en
Capital Federal el 20 de agosto de 1978, les dieron una beba prematura, que no
llegaba a los 7 meses de gestación. Dijo también que me entregaron bastante
sucia, envuelta en unas mantas, que pesaba 1 kilo 900 gramos y que les dijeron
que si ellos no me llevaban iba a terminar en una zanja, asesinada o que iba a
tener una vida llena de calvarios y prostitución”, recuerda Victorina.
Por consejo de un
pediatra, acondicionaron una habitación, tratando de que fuera lo más parecido
a un lugar apropiado para una beba prematura: el ambiente debía mantenerse a una
temperatura determinada, el padre había alquilado una balanza y le daban la
leche a través de gasas porque no podía succionar.
Su hermana nació en
1980 y obviamente las dos ya descartaron ser hijas de desaparecidos. Se
hicieron un test de ADN Ancestral -un examen genético facilitado por la
organización “Nuestra primera página” que colabora en la búsqueda de familiares
biológicos y revela los orígenes étnicos- y descubrieron además que no son
hermanas biológicas, lo cual implicó un nuevo duelo. “Esa confirmación nos dejó
como huérfanas por completo, ahí sentimos que estábamos totalmente solas”,
asegura Victorina.
Su padre ya murió,
antes de que sus hijas confirmaran la verdad. Su madre vive y la apoya en
silencio en su activismo y en cada campaña de difusión que emprende. “Supongo
que le duele, pero me respeta el espacio”, dice Victorina, que es mamá de tres
hijos.
“Estuvimos
distanciadas durante unos meses pero con el tiempo pude reconstruir ese
vínculo, siempre sobre lo que yo sé ahora”, señala. Y agrega: “algo que aprendí
es que el afecto que tengo hacia la familia que me crió no se contrapone con la
búsqueda de mi identidad, porque eso es algo que me pertenece a mí”.
Se estima que en
Argentina hay aproximadamente 3 millones de personas que buscan su identidad
biológica por fuera del período de la última dictadura militar (1976-1983).
Casi todas fueron anotadas como hijos propios luego del parto. Muchas fueron
entregadas directamente y, en general, hubo intercambio monetario de por medio,
es decir que fueron compradas.
“La mayoría de
quienes participan en nuestro grupo saben que se pagó por ellos”, afirma Mónica
Sznaidman.
Victorina acota que
“sabemos que las parteras te ponían precio según tus características físicas:
si eras blanca y de ojos claros -por ejemplo- valías más; si tenías algún
problema físico, en cambio, podías llegar a salir más barata”.
Entre las dudas sobre las circunstancias que rodean esos instantes iniciales de la vida, se repite una pregunta más profunda y más cruel: ¿quiso de verdad mi madre biológica entregarme? ¿fui robada o ella fue forzada -por alguien de su entorno o las circunstancias particulares- a hacerlo?
“Siempre me sentí como una cosa”, sostiene Mariana del Rey (47) a El Teclado. La partida dice que Mariana nació el 21 de julio de 1975. “Mi familia no era una familia conformada -relata-, no es que tenían ganas de tener un hijo, lo proyectaron y encontraron esta posibilidad de adquirirme”.
“Mi papá era un
‘personaje’, un hombre de la noche muy ágil con los números, y mi mamá era una
mujer que venía del campo, que se obnubiló con ese tipo, pero ellos nunca
conformaron un matrimonio”, reconoce.
A los 35 años,
gracias a la intervención de su hija mayor -Camila, que en ese momento tenía 17
años- confirmó que no era hija biológica de quienes la habían criado.
Las dudas la habían acompañado en todo momento: su madre tenía más de 45 años cuando nació, fue
única hija. “Siempre sentí que no pertenecía a la familia, que era sapo de otro
pozo”, dice.
Sus recuerdos de
chiquita están vinculados a preguntas sobre la panza de su mamá y sobre su
nacimiento. En la casa guardaban su cordón umbilical en una cajita; a ella le
gustaba jugar con ese objeto tan íntimo y tan propio. “Lo buscaba adentro de mi
casa y lo observaba, hasta que lo perdí”, recuerda.
“Dejate de hinchar”, se volvió la respuesta más frecuente cuando, al crecer, empezó a preguntar a la gente de su entorno si era adoptada.
Su padre falleció cuando tenía 13 años. En 2010, luego de una fuerte campaña de Abuelas de Plaza de Mayo, se hizo el examen para saber si era hija de desaparecidos, pero le dio negativo.
Ése fue el momento
en el que su hija abordó a los familiares y les hizo las mismas preguntas que
Mariana les había hecho toda la vida, hasta que dio con una antigua vecina, a
la que le afirmó: “¿viste que mamá no es hija de la abuela?”. La respuesta:
“ay, menos mal que se enteró porque no me quería morir con este secreto”, le
confirmó lo que intuía.
La hipótesis más
fuerte -gracias a la historia que pudo reconstruir a retazos, ya que su madre
empezó a demostrar fisuras en el relato, producto de su edad avanzada- es que su
madre biológica era una joven francesa que vino al país por estudios o durante
una gira, porque era bailarina.
Su partida fraguada
también está firmada por Ofelia Pintos Lemos, y el nacimiento situado en Jufré
140.
Hace un par de
años, Mariana, Mónica y otros buscadores se pusieron en contacto con familiares
de Pintos Lemos, entre ellos su hijo Ricardo Verry, y confirmaron algunas
informaciones.
Mónica cuenta que
“el hijo recordaba que había mujeres que entraban con un almohadón en la panza
y salían de la casa con un bebito; que había nacimientos en la casa, que en la
cocina había moisés con bebés al lado de las hornallas prendidas”.
“Recordaba que
tenían un buen pasar, que tenía taxis esperando en la puerta y que con el
recaudar de un solo día se compraron un Fitito usado”, agrega.
El derecho a la
identidad está reconocido en la Constitución Nacional, en la Convención sobre
los Derechos del Niño y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Siempre tenés que
estar explicando por qué buscás. Y yo busco porque es mi derecho, porque quiero
saber si me abandonaron o no, si tengo hermanos, a quién me parezco, quiero
saber qué pasó en ese pedacito de vida entre la panza de mi mamá biológica y
los brazos de mi mamá de crianza”, dice Mónica.
Victorina asegura
por su parte que “yo todos los días me pregunto si me moriré de vieja sin
conocer mi historia. Es que una vez que sabés que hay una mamá que te parió que
está en otro lugar, creo que te pasás toda la vida buscando”.
Las organizaciones
reclaman la existencia de un organismo estatal concentre los datos genéticos de
todos los buscadores de origen ya que, desde 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos está restringido a la búsqueda de familiares de las personas
desaparecidas durante la última dictadura militar.
En Argentina son
por ahora 9 las provincias -entre ellas Buenos Aires– que cuentan con una Ley
que establece el involucramiento del Estado en la búsqueda de la identidad y
que brindan herramientas a las personas apropiadas, pero no existe todavía una
legislación de alcance nacional.
Recientemente la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) abrió una oficina en
el marco del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica para personas nacidas en Argentina que
buscan su origen biológico, cualquiera sea su fecha de nacimiento.
Al organismo pueden contactarse además las madres y/o familiares biológicos que busquen hijas/os nacidos en este país que fueron separados de su familia al nacer, independientemente de las fechas o circunstancias en que se haya producido el nacimiento.
También se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo de la Nación argentina. [El Teclado].
En su artículo 139,
el Código Penal de la Nación establece penas de prisión de entre 2 y 6 años para “la mujer que
fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le
correspondan” y para quien “hiciere incierto, alterare o suprimiere la
identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviera u ocultare”.
Se trata de delitos
que prescriben pasados los 6 años de cometidos (excepto los robos de bebés
consumados por militares y civiles durante la última dictadura militar, que no
prescriben por ser considerados de ”lesa humanidad”).