El Tribunal Oral Federal 2 conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso sentenció a 6 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, la CFK fue absuelta de la acusación de asociación ilícita.

Ahora bien. La vicepresidenta no va presa. Esto es así por tres razones: primero, porque como vicepresidenta de la Nación tiene fueros de inmunidad de arresto; y segundo, porque para que eso suceda, la sentencia debe quedar firme. Además, en tercer lugar, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola no solicitaron su detención cuando pidieron la condena para Cristina Fernández.

Tras la lectura de la sentencia, se espera que CFK se manifieste en su canal de Youtube.

El juicio a lo largo de estos años

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.

Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.

La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".

Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas "maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.

Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.

En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito. 

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